La Junta abre una investigación interna en el Ecyl por el reparto de ayudas para formar parados

Esta decisión de Igea se produce 24 horas después de que El Norte de Castilla hiciera público que el Juzgado de Instrucción 3 de Valladolid había recibido de la Fiscalía la denuncia en la que un letrado solicitaba la apertura de una investigación sobre supuestas prácticas de corrupción relacionadas con la convocatoria y las bases confeccionadas 'a la carta' para beneficiar, supuestamente, a oligopolios del sector vinculados con el Partido Popular. Todo ello, en detrimento de los pequeños centros provinciales de formación, muchos de los cuales se han visto obligados a cerrar sus puertas desde que se modificaron las bases de las convocatorias de los programas formativos. Esa denuncia está acompañada de una voluminosa documentación que la Fiscalía ha tardado un año en estudiar antes de decidir mandarla al juzgado al apreciar indicios de delitos de corrupción. En ella se apunta hacia contrataciones de familiares de empleados del Ecyl en grupos del sector y los beneficios exponenciales de algunas de estas empresas, beneficiarias de importantes cuantías de estos fondos para formación de parados.

Ayer por la mañana, el vicepresidente Igea se reunió con el consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios, para analizar conjuntamente documentación que empresas del sector (integrado por más de un millar de centros de formación en la comunidad) ha puesto a disposición de la Junta de Castilla y León. En este encuentro se ha decidido «agilizar la recopilación de las informaciones que sean precisas para investigar internamente las gestiones vinculadas con esta materia efectuadas en los últimos años».

Cursos sin realizar

Según el comunicado hecho público este jueves por la Junta, «a la vista de la documentación recibida en esta Consejería referente a la concesión de subvenciones destinadas a programas de formación para desempleados», el vicepresidente de la Junta y el consejero del área han tomado cartas en el asunto, que fue denunciado el pasado marzo en la Fiscalía y del que se hizo eco también el Grupo Socialista de las Cortes poco antes de concluir la legislatura, cifrando en 70 millones de euros las devoluciones de subvenciones al Estado por cursos concedidos y no realizados por las empresas beneficiarias de las ayudas.

En paralelo, la Sala de lo Contencioso Administrativo con sede en Valladolid del Tribunal Superior de Justicia tiene pendiente la deliberación sobre el recurso planteado por cerca de medio centenar de centros de formación contra la Orden del Ecyl que regula las bases de la convocatoria de los programas y además han impugnado también las últimas resoluciones de la Junta sobre estas subvenciones. Estos recursos están admitidos a trámite y pendientes de sentencia en los Juzgados de lo Contencioso Administrativo 1 y 4 de Valladolid desde el pasado mes de julio pero, a pesar de ello, la Administración regional decidió seguir adelante con la convocatoria de las ayudas, cuya concesión ya ha resuelto de manera provisional.

El vicepresidente Igea y el consejero Barrios también dieron instrucciones «para que se acelere cualquier colaboración con la Justicia, para poner a su disposición cuantos datos pueda demandar a este respecto».