El 84% de los juicios por maltrato en la región acaban en condena

El tabú sobre las denuncias falsas ha comenzado tímidamente a resquebrajarse y en las redes sociales algunos 'influencers' jurídicos se han atrevido a abrir el melón sobre los fallos que, por su experiencia directa, han detectado en la aplicación de la Ley de Violencia de Género. Pero muchos jueces y abogados declinan pronunciarse públicamente sobre lo que ven en los juzgados por miedo a ser tachados de machistas y fascistas por lobby feministas. Tanto el Observatorio de Violencia como la Fiscalía mantienen desde hace años que es el 0,001% de todas las que se presentan, pero el dato real es desconocido porque no hay un registro oficial, como se reconoce desde el Poder Judicial.

El fiscal especialista en Violencia sobre la Mujer de Valladolid, Manuel Javato, explica que las denuncias falsas tienen que serlo por sentencia firme y por ello son tan pocas y apostilla que, además, «muchos supuestos que se archivan con la sospecha de que la denuncia puede ser inveraz se quedan sin investigar como tal denuncia falsa».

Para el magistrado titular del Juzgado vallisoletano especializado en estos delitos, Emilio Vega, por cuyo despacho pasan decenas de casos a la semana, «tan simplista es decir que como no se condena a mujeres no hay denuncias falsas, un argumento que utilizan los partidarios de la Ley, como decir que todo lo que no se condena es falso, que es lo que sostienen los que están en contra».

Cuando un juez de violencia tiene indicios de que una denuncia por violencia de género puede ser falsa deduce testimonio. Ello significa que abre un expediente en el que incorpora el testimonio con el acta del juicio y la documentación necesaria y la remite al órgano de reparto, para que un juzgado de instrucción investigue los hechos en un procedimiento distinto. La Fiscalía tiene que acusar, lo que ocurre solamente en casos muy flagrantes «porque la perspectiva de género pesa», reconocen fuentes próximas al ministerio público. «Es raro que haya pruebas como para que el juzgado de lo penal condene, a no ser que la mujer lo reconozca y esté grabado en vídeo», explican.

Además de la manipulación de datos en un ámbito tan sensible, preocupa en el ámbito judicial el ruido mediático y la «confusión de planos» en los conceptos penal y asistencial. Porque una cosa es el maltrato como concepto penal y otra, social. «No todo lo que no está bien es delito». Si un marido se gasta en las tragaperras la nómina de la que comen su mujer y sus hijos es un acto reprochable socialmente pero no por el Código Penal. Así, que, apuntan, si la esposa denuncia a su marido por maltrato sufrirá doble victimización porque, al final de un penoso procedimiento judicial, su caso se archivará «y no es porque el juez considere que está bien lo que hace su marido, sino porque no es delito». Otra cosa es que no tenga por qué aguantarlo e interponga un procedimiento de divorcio.

Muchos asuntos de violencia de género son archivados, no porque las denuncias sean inciertas, sino porque no hay pruebas. Por lo general, es la palabra de una contra el otro: la mujer sostiene que el exmarido la ha amenazado de muerte por teléfono y el exmarido, que simplemente hablaron de la custodia de los hijos. La llamada existió, pero el contenido verdadero solo lo saben los interlocutores. El juez puede dictar una orden para detener al exmarido y, aunque esté residiendo a muchos kilómetros de distancia, se le detiene.

Esta discriminación positiva de la Ley Integral en favor de la mujer es constitucional, como acaba de recordar el Tribunal Supremo, pero el «automatismo» por el que primero se le pone las esposas al denunciado y pasa por los calabozos antes de que el juez determine qué hace con él es uno de los más criticados «por injusto» y que mayor malestar genera porque en la mayoría de los casos, después son puestos en libertad y el asunto se archiva. Pero si están inmersos en un proceso de divorcio, la competencia se deriva también al juez de violencia. «Y no es lo mismo mandar un oficio al trabajo del interesado remitido desde un juzgado de familia que desde el juzgado de violencia, porque puede tener efectos perniciosos hasta en su empleo, por mucho que le explique a su jefe que su caso fue archivado o fue absuelto».

Para el abogado Alfredo Sánchez Gómez, del turno de oficio de Violencia de Género de Ávila, las denuncias falsas son muy poco significativas, «hay una incidencia muy baja». En este caso, dice, «la noticia sería que haya una denuncia falsa». Puntualiza que «otra cosa es que a veces se interpongan denuncias por mal asesoramiento o porque el supuesto delictivo no está bien acreditado y al final se archiven». Lo que crea mayor alarma que las falsas acusaciones, considera, es que la mujer, iniciado el proceso judicial, la retire, aunque esté muy fundada. «Y ello es por el propio círculo de la violencia y el miedo en el que se encuentra, porque no está preparada psicológicamente para continuar». En este sentido, indica que «es injusto que pierda credibilidad esa víctima y por ello es necesaria la formación del personal de los juzgados y, en general, de los intervinientes en este tipo de procesos».

La percepción de los expertos consultados es que, tras trece años de aplicación de la Ley, estas disfunciones detectadas en la aplicación de la ley hay que corregirlas, porque estas situaciones son el embrión de los 'neomachismos' que están aflorando, como indica Quinidio Martínez, jefe de la Sección de Mujer de la Junta en León y miembro de la plataforma de funcionarios Pladepu. Señala que esta guerra de datos estadísticos no conduce a nada, «porque la realidad es que las mujeres siguen siendo asesinadas» y que lo que hay que hacer es un estudio en profundidad que explique, entre otras realidades, por qué cada vez es mayor el porcentaje de denuncias que se retiran y dotar a los equipos psicosociales para que realicen una valoración sobre las secuelas del maltrato. Reconoce también que la detención sistemática está generando mucho rechazo social. «La Ley es buena, pero no desarrolla algunos aspectos como este, hay que buscar la manera para que no en todos los casos haya que detener al denunciado», apunta. Y, en paralelo, modificar el Código Civil y la Ley Hipotecaria para rebajar la conflictividad de los procesos de divorcio «porque la liquidación de bienes gananciales es una gran fuente de tensiones».