El juicio contra Lino Rodríguez y su esposa por fraude en el cobro de subvenciones será el miércoles

La presente causa es distinta de otra, declarada compleja, que se sigue contra el exlíder de Asaja Valladolid en el Juzgado de Instrucción número 5 a raíz de una denuncia del extesorero de la asociación, Alberto Cano, sobre supuestas irregularidades en la gestión contable de la organización agraria.

La vista oral por el presunto fraude en el cobro de subvenciones públicas tenía que haberse celebrado el pasado día 21 de marzo, si bien entonces hubo de ser suspendida después de que la esposa de Lino Rodríguez renunciara a última hora a su abogado. Así, en el juicio el expresidente de Asaja seguirá representado por el letrado Jesús Verdugo y ella, en cambio, pasará a estar defendida por Pedro Julio Baz, según informaron a Europa Press fuentes del caso.

En el juicio se reproducirán hechos por los que el fiscal solicita para el exmandatario de Asaja y su esposa, Ana de la F.H, el primero en calidad de inductor y la segunda como cooperadora necesaria, cuatro años y nueves meses de cárcel y multas de 1.567.077 y 126.296 euros, junto con la imposibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la seguridad social por espacio de ocho años.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía de Valladolid pide a ambos el pago, conjunto y solidario, con responsabilidad civil subsidiaria de 'Campo de Peñafiel SL', el importe de la subvención pagado por la Dirección General de Industrialización y Modernización Agraria de la Junta.

Los hechos se remontan al periodo comprendido entre los años 2009 y 2010, cuando el acusado, como administrador único de 'Campo de Peñafiel SL.', con domicilio social en Peñafiel, inició ante la Consejería de Agricultura la tramitación de dos expedientes administrativos de subvención con la finalidad de obtener sendas ayudas para proyectos de inversión.

Para elaborar la documentación de las solicitudes, así como para la confección y aportación de facturas, el acusado, siempre según la tesis de la acusación pública, se valió de la colaboración de la Gestoría Sodeprim SL, que dirigía conjuntamente con su esposa, también acusada.

En uno de los expedientes presentó solicitud para construir una instalación de envasado y almacenamiento de patatas en Peñafiel, con un presupuesto de 2 millones de euros.

Así, con fecha de 29 de mayo de 2009, el director general de Industrialización y Modernización Agraria de la Junta aprobó una inversión auxiliable de 1.999.999 euros, con un porcentaje de ayuda de un 40 por ciento, lo que suponía un importe máximo de subvención de 799.999 euros.

Pues bien, la acusación pública sostiene que Rodríguez y su mujer aportaron facturas manipuladas, incrementando la cuantía para justificar un gasto de 1.974.830 euros, y todo ello con la finalidad de obtener una mayor subvención, tras lo cual la Junta concedió a los solicitantes un pago de 789.932 euros.

El ardid fue descubierto a posteriori por la Administración regional, que reclamó a los acusados el reintegro de la subvención, más los intereses de demora, si bien la cuantía fijada finalmente en vía contencioso administrativa por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León quedó reducida a 400.000 euros.

Además, el fiscal imputa a la pareja otro delito de fraude de subvenciones en grado de tentativa, relativo a otra solicitud de ayuda de fecha 1 de marzo de 2010, apoyada con la presentación también de facturas supuestamente falsas, para realizar mejoras de instalaciones para industria de conservación de patatas, también en Peñafiel, con un presupuesto de 783.453 euros, para la que se le autorizó una subvención del 36 por ciento, concretamente de 252.619 euros, sin que la misma llegara a concederse.