El juez de la trama eólica investigará la denuncia de la Fiscalía por Meseta Ski

En paralelo, el asunto Meseta Ski se ha turnado al juzgado del que es titular el magistrado Javier de Blas, quien ya tuvo que solicitar un refuerzo para avanzar en la investigación de la trama de los molinos de viento. Así que son dos grandes asuntos relacionados con la supuesta corrupción política del Partido Popular en dos instituciones, la Junta y la Diputación, a los que tendrá que hacer frente su juzgado. Estas son unas diligencias también complejas que van a ponerlo al borde del colapso, según reconocieron ayer fuentes próximas al caso.

El decreto de la Fiscalía de Valladolid en el que se acuerda formular denuncia por los hechos puestos en conocimiento de la acusación pública por los grupos de la oposición en la Diputación de Valladolid tiene fecha del 24 de julio, aunque no fue hasta finales de agosto pasado cuando el asunto del desmantelado complejo de ocio en Villavieja del Cerro, en el término de Tordesillas, fue remitido a la sede judicial de Angustias para que se abrieran diligencias. El asunto ya ha sido turnado y ha recaído en el Juzgado de Instrucción 4, al que también le ha correspondido este mismo año otro asunto mediático, que está todavía en diligencias previas, el caso Pesquera, la denuncia interpuesta por el fundador de la saga vinatera, Alejandro Fernández, contra su mujer y tres de sus hijas por 'robarle' la cosecha del año pasado.

El magistrado Javier de Blas García estudiará el expediente y decidirá si archiva la denuncia o si abre la investigación por las supuestas ilegalidades denunciadas por los Grupos Socialista y Toma la Palabra respecto de los contratos para la construcción de lo que iba a ser el complejo de ocio de Tordesillas. Según los hechos que refiere la Fiscalía sobre los que considera que debe abrirse una investigación judicial, la Diputación de Valladolid financió, construyó y pagó un complejo de ocio con pista de esquí sobre manta sintética en Villavieja del Cerro, cuya licencia fue recurrida y por sentencia judicial se ordenó la demolición parcial. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valladolid dio por ejecutado el fallo en un auto del 26 de enero de 2018. La Junta había tratado de dar utilidad a las obras ejecutadas y evitar la pérdida de lo pagado mediante la Ley 6/2010 de 28 de mayo que declaró como proyecto regional el Complejo de Ocio y Aventura Meseta Ski, pero el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional esta ley y la anuló el 7 de octubre de 2014, así que la Diputación tuvo que emprender el desmantelamiento de las instalaciones. Un segundo proyecto que se planteó y presupuestó para la zona durante el pasado mandato ha sido paralizado por la actual Presidencia de la institución provincial hasta que haya un pronunciamiento judicial definitivo.

La contratación del diseño, la construcción y explotación del complejo se realizó a través de la empresa pública de la Diputación denominada Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid (Sodeva), con un documento de bases aprobado el 27 de marzo de 2006 por el consejo de administración y un presupuesto de 4,06 millones «aunque, en realidad, llegó a comprometer ingresos a favor del contratista por un volumen superior a los 20,63 millones de euros», se señala en el relato de hechos del decreto de la Fiscalía.

Los contratos de Meseta Ski pudieron vulnerar la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (real Decreto Legislativo del año 2000), en la que se establece que, cuando este tipo de contratos están financiados mayoritariamente con dinero público y su importe, excluyendo el IVA, es igual o superior a 5.358.153 euros, se tienen que aplicar las prescripciones de dicha Ley, relativas a la capacidad de las empresas, la publicidad, los procedimientos de licitación y las formas de adjudicación. «Dado que el cumplimiento de estas prescripciones técnicas implicaba un control mayor del contrato, presuntamente urdieron y acordaron la ocultación del verdadero importe de los ingresos comprometidos, así como el verdadero volumen de obra pretendido y ejecutado», se indica en la denuncia trasladada por la Fiscalía, con el fin de «posibilitar trato de favor al contratista, con quien la Presidencia de Sodeva mantenía una relación tan impropia como para realizar un viaje juntos con los cónyuges respectivos a Japón, o vender materiales de seguridad para la construcción a través de la empresa de su mujer, Seguridad Olmedo».

Entre otras supuestas irregularidades se señala que la mayoría de las obras se ejecutaron sin licencia y que incluso se certificaron buena parte al amparo del proyecto regional antes de ser anulado. «De hecho, el propio diseño del contrato, que atribuía al contratista (Corsan Corviam) la redacción del proyecto, la dirección facultativa de las obras, la construcción, la promoción y la explotación, dificultaba el control y permitía, mediante los ingresos de la explotación, ocultar el volumen de sus incrementos posteriores». Estos se realizan con la promesa de abonar las obras mediante la concesión de más años de explotación y «con el agravante de que el fundamento de los ingresos prometidos no consta justificado».