Los jueces tumban ocho decretos y dictan 40 sentencias contra la Junta en esta legislatura

Entre 2015 y 2017, según la información facilitada por los servicios jurídicos , los tribunales han anulado ocho decretos. En dos casos, abolió toda la norma y en los otros seis, algún precepto. Puntualiza la Junta que en estos tres años se han dictado un total de 190 normas, de forma que «son muy pequeñas la cifras de recursos interpuestos contra normas y disposiciones generales».

Sobre todo, indican, si se relaciona con el volumen total de actos administrativos impugnados. Las bases de datos de la Dirección de los Servicios Jurídicos han contabilizado en la presente legislatura 15.428 recursos interpuestos contra normas, resoluciones y actuaciones administrativas «derivadas del ejercicio ordinario». Particulares, asociaciones y empresas pueden impugnar desde la concesión de autorizaciones hasta sanciones que impone la propia Administración en asuntos de transporte, medio ambiente y sanidad; o liquidaciones tributarias, actos en materia de personal (nombramientos, reconocimiento de trienios, vacaciones). A ello se suma las reclamaciones de responsabilidad patrimonial, por ejemplo, como resultado de accidentes de tráfico en carreteras autonómicas, negligencias médicas o cualquier otra actuación de la Administración en la que el perjudicado demande por daños y perjuicios.

Pero ¿cómo se traducen en dinero público los pleitos perdidos por la Administración regional? La Junta sostiene que nunca ha sumado el gasto total que supone ni dispone de una estadística común respecto del número de sentencias anuales. Puntualiza que sumar todas las indemnizaciones y costas judiciales que ha tenido que pagar en estos años «resulta muy complejo» y daría datos erróneos porque «en la mayoría de las ocasiones, la determinación de cantidades se lleva a cabo a lo largo de sucesivos trámites en ejecución de sentencia».

En otros casos, argumenta, «la sentencia no determina cuantía económica pero después existen reclamaciones en vía administrativa», como ocurre con las demandas de responsabilidad patrimonial. Y además, de los asuntos iniciados desde 2015 hasta ahora, solo una parte han terminado en sentencia y muchos están pendientes de resolver o recurridos. Otros, terminan en decreto o auto judicial. Subraya, en su descargo, que «no es lo mismo si en vez de anular todo un decreto, anulan un solo artículo» y pone como ejemplo el caso de los alquileres turísticos. Este fallo, de febrero de este año, desestimó en parte el decreto que ordena los alojamientos turísticos en Castilla y León y anula la prohibición de alquilar habitaciones para ese uso que había impuesto el Gobierno regional.

Pero, a la hora del cómputo económico, la principal dificultad estriba en que es cada una de las consejerías la que se ocupa de sus gastos judiciales y decide de qué partida del presupuesto se saca ese dinero. Excepto si la cuantía es muy elevada porque entonces, si no tiene crédito, lo tiene que autorizar la Consejería de Hacienda. La de Sanidad, que es la que más pleitos afronta, tiene suscrito un contrato con una aseguradora para asumir las indemnizaciones por responsabilidad patrimonial por negligencias médicas. Pero otro tipo de sentencias desfavorables a la Consejería se cargan en el capítulo correspondiente. En el departamento que dirige Antonio María Sáez Aguado sí tienen un 'subconcepto' para costas judiciales, por una cuantía de 197.000 euros .

La mayoría de las demandas suelen estar firmadas por asociaciones y colectivos pero también, por particulares que han tenido que llevar sus reclamaciones a los juzgados ante el silencio administrativo de la Junta o la falta de eco de su reclamación por la vía previa, Procurador del Común incluido. Según los juristas consultados, muchos de estos pleitos, que suponen años de demora en los tribunales, podrían haberse resuelto antes de acudir «al último recurso, que son los tribunales» y reivindican la figura de la mediación contenciosa, «que ahorraría mucho tiempo y recursos».

El mayor goteo de sentencias se ha producido en los últimos meses, la mayoría, anulando decretos y órdenes emitidas por las consejerías. Se llevan la palma en número de pleitos perdidos las de Sanidad y Fomento y Medio Ambiente, aunque también hay otras como Educación o Agricultura. Esta sucesión de fallos desestimados ha llevado a los partidos de la oposición a criticar abiertamente a la Junta por su «prepotencia», e incluso, como ha hecho esta misma semana el procurador de Ciudadanos Manuel Mitadiel, ha presentado preguntas, consejería por consejería, para solicitar información sobre los litigios que ha perdido la Administración en esta legislatura y el gasto que está suponiendo para el erario público.

Es cierto que los servicios jurídicos, que dependen de la Consejería de la Presidencia, han recurrido muchas de estas sentencias al Tribunal Supremo, de manera que la ejecución del fallo se suspende hasta que haya sentencia firme. Ello puede suponer que transcurra al menos un año hasta disponer del fallo definitivo. Mientras, la Administración, denuncia la oposición, «suele utilizar ese intervalo de tiempo para amoldar los decretos tumbados por el tribunal, como ocurrió con el proyecto de la Ciudad del Medio Ambiente de Soria, que no pudo llevarse a cabo y que luego se rediseñó con otro proyecto superpuesto para poder poner en servicio la única cúpula ya construida». Tras años de recursos y contrarrecursos, el asunto ha llegado al Supremo, que admitió a trámite el recurso de la asociación ecologista Asden contra la sentencia del TSJ de Castilla y León que había desestimado la demanda contra el decreto de la Junta que aprobó el proyecto regional del Parque Empresarial del Medio Ambiente en Garray, para reconvertir la Ciudad del Medio Ambiente proyectada hace 15 años. Asden deberá acreditar ahora toda la documentación sobre la que basa el recurso para que sea estudiada por el tribunal.

Carlos González, portavoz de esta asociación ecologista, recordó que «el 80% del parque empresarial, unas 148 hectáreas, están catalogadas como suelo rústico con protección natural no urbanizable y la ley no permite el cambio de uso de esta categoría de suelo, salvo excepciones que aquí no se cumplen». En diciembre de 2013, el Tribunal Constitucional anuló la ley excepcional que desarrollaba el proyecto.

La ejecución de estas sentencias es lo que falla porque, reconocen magistrados consultados, «cuando hay un edificio que está hecho, en el que vive gente, ¿cómo decretas la demolición, a pesar de que la Administración ha incumplido la normativa urbanística y se ha aprovechado de la demora judicial para ir a la política de hechos consumados?».

Capítulo aparte, por su volumen, merecen los pleitos del propio personal de la Administración. Los abogados Ignacio Moreno Pardo y Carlos Martínez Gil, de Moreno y Asociados, representan a la Asociación por el Derecho al Traslado de Profesionales Estatutarios del Sacyl, que planteó 48 demandas de un centenar de especialistas médicos porque la Gerencia llevaba desde 2008 sin convocar el concurso de traslados. Los cuatro juzgados de lo contencioso de Valladolid fueron favorables a la reclamación en primera instancia, pero Sacyl recurrió y planteó 36 apelaciones a la Sala de lo Contencioso del TSJ. «El tribunal nos dio la razón y desestimó todos los recursos y condenó a costas a la Administración, que al final, el 15 de diciembre pasado, tuvo que convocar el concurso de traslados, salían 1.500 plazas de toda la comunidad», explicó Carlos Martínez, quien calcula que, en materia de personal sanitario, el 90% de las reclamaciones las pierde la Junta.