Los jueces tumban la ayuda que devolvía el copago de fármacos a jubilados de Castilla y Léon

La iniciativa ha tenido mucho más recorrido en el juzgado que en la práctica y se salda con un balance raquítico de 19 beneficiarios a los que la Consejería de Sanidad ha devuelto 226 euros, a razón de 11,89 euros de media.

La sentencia es firme y da la razón al Gobierno central, que fue el que recurrió la iniciativa de la Junta por entender que invadía una competencia exclusiva estatal: la regulación del copago. Los magistrados del TSJ fallaron el 26 de enero y dieron 30 días de plazo para recurrir ante el Tribunal Supremo. El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, ha decidido ejecutar la sentencia que tumba las ayudas autonómicas para mantener la adherencia a los tratamientos médicos y así se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León en su edición del 22 de mayo.

Antonio Sáez Aguado ha reconocido el revés judicial y explicado que la intención de la Junta no fue nunca intervenir en el copago farmacéutico, por lo que orientó este apoyo a pensionistas y jubilados con unos ingresos muy precarios y con la finalidad de mantener la «adherencia terapeútica a los tratamientos prescritos por sus médicos y evitar así los efectos sobre la salud que podía generar dejar de tomar un fármaco por no poder pagarlo».

La Junta devolvía la aportación de estos pensionistas y jubilados «vulnerables» y en«situación de precariedad económica» en un pago anual. «La falta de adherencia a los tratamientos crónicos y sus consecuencias negativas clínicas y económicas son un tema prioritario para la Gerencia Regional de Salud», justificaba la orden que ponía en marcha estas ayudas.

Sáez Aguado ha recordado que la iniciativa partió de una petición de la sección de jubilados y pensionistas de UGT y que desde este sindicato y desde CC OO habían solicitado a la Junta, en las mesas del Diálogo Social, que ampliara las ayudas a rentas de hasta 8.000 euros anuales. «Les he comunicado que con la sentencia eso no va a poder ser», ha apuntado el consejero de Sanidad de Castilla y Léon, a cuyo departamento llegó en julio pasado una resolución del Procurador del Común, Javier Amoedo, en la que le instaban a dar mayor difusión a las ayudas y a convocar las de ese año. El Defensor del Pueblo autonómico tramitó una queja de la zona de salud zamorana de Tábara y le llamó la atención que apenas hubiera solicitudes y solamente hubieran percibido la ayuda, que ahora tumba definitivamente el TSJ a instancias del Gobierno central, 19 beneficiarios.