Jueces y fiscales de Castilla y León se plantan en una huelga histórica contra el «autismo» político

La huelga de hoy, ha recordado el decano de los jueces de Valladolid, Ignacio Segoviano, es la respuesta a un «balance decepcionante» de los meses de negociaciones con el Ministerio de Justicia y el fracaso de la subcomisión parlamentaria, en la que los grupos no han sido capaces de suscribir un Pacto de Estado por la Justicia. En los 38 juzgados unipersonales vallisoletanos entran al año una media de 31.000 asuntos, «lo que supera todos los módulos teóricos que indica el Consejo General del Poder Judicial» respecto de la carga de trabajo.

Para los jueces decanos de España, que han suscrito un manifiesto conjunto, la movilización «no es que sea necesaria: es inevitable e incluso responsable, porque de lo contrario jamás saldremos de esta lamentable situación que lastra uno de los tres Poderes del Estado en España».

En las sedes judiciales de la comunidad se han suspendido casi todas las vistas penales y solo han funcionado servicios mínimos, principalmente en los juzgados de familia, los juzgados de lo social y los de violencia de género. Magistrados y fiscales se han concentrado a las doce de la mañana ante juzgados y Audiencias.

Ante la protesta generalizada, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha reiterado hoy en un comunicado su voluntad de diálogo con las asociaciones de jueces y fiscales para seguir avanzando hacia un acuerdo que contribuya a la mejora y modernización del servicio público de la Justicia. Catalá ha subrayado que las demandas profesionales planteadas están siendo objeto de negociación y la mayoría de ellas será pronto una realidad puesto que han sido incluidas en diversos proyectos de ley que están en estos momentos en tramitación parlamentaria.

Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia a pesar de su «posición institucional como máximos representantes del Poder Judicial» se han solidarizado también a última hora de la mañana con las asociaciones de jueces y fiscales «en su intento por mejorar la situación actual, y apoyamos las justas y legítimas reivindicaciones, así como las mejoras de las condiciones laborales que defienden». En su declaración conjunta, sostienen que la huelga es consecuencia de «las graves carencias crónicas que sufre la Administración de Justicia que los poderes Ejecutivo y Legislativo continúan sin corregir».