Jubilados y Pensionistas de UGT anuncia movilizaciones si el futuro Gobierno no garantiza la subida del IPC en las pensiones

En declaraciones recogidas por Ical, Lambás explicó que con el actual Ejecutivo les ha ido «bien, pero con muchos matices», y se mostró precavido ante las «amenazas del PP y de Vox», que a su juicio si acceden al poder «van a intentar» tocar las retribuciones de los diez millones de jubilados que hay en España. «Es muy cómodo tirar de las pensiones, pero no lo vamos a consentir», señaló.

Lambás intervino en un encuentro con los medios acompañado por el secretario general de la UJP en la provincia, Julio Guati, que reclamó «que el sentir de los jubilados», en cuestiones como la «pobreza, desigualdad y reforma de las pensiones». En ese sentido, repasó de forma pormenorizada los «avances» que «el Gobierno progresista» presidido por Sánchez ha logrado en los últimos años, entre los que citó la derogación del «decretazo de las pensiones y del factor de sostenibilidad», para retomar la subida progresiva en relación con el IPC, el bono térmico eléctrico y de familias vulnerables, el Ingreso Mínimo Vital o la tarifa regulada de luz y gas.

Además, aseguró que cuando Mariano Rajoy dejó la presidencia del Gobierno había 10 millones de españoles bajo el umbral de la pobreza, mientras que actualmente aseguró que son «menos de siete». «Siguen siendo muchas personas y hay que rebajar esa cifra», defendió.

Así, afirmó que se ha diseñado un plan contra la pobreza de las pensiones, y reclamó que su desarrollo «siga de dos a tres años más» al menos, para «intentar controlar la situación». Además, apuntó que es preciso « reducir la brecha de género» y pidió a los políticos «reducir la desigualdad, ofrecer seguridad económica y blindar las pensiones y servicios sociales».

En cuanto ala dependencia, afirmó que «se ha mejorado en todas las situaciones», y España cuenta actualmente con más de un millón de personas asistidas (de ellas, el 68 por ciento son mujeres y el 32 por ciento restante, hombres), de las cuales más de 75.000 han logrado ser reconocidas en los últimos tres años. Guati denunció también que las residencias privadas triplican las públicas, y pidió «recuperar la gestión de control público», así como «potenciar los centros de día» y que estas instalaciones están «cerca de donde las personas viven».

En cuanto a la sanidad pública, censuró los «recortes en recursos humanos», que serias consecuencias «sobre todo en la Atención Primaria». Y respecto a la situación de las residencias recordó a los cerca de 4.500 fallecidos en esas instalaciones durante la pandemia en la Comunidad, y reclamó que haya «políticas comunes en todos los territorios», en la gestión de las residencias, e «inspecciones básicas sobre los ratios y las plantillas, además de acabar con listas de espera, más personal estable, eliminar los macrocentros, fomentar investigación e innovación de los cuidadores y potenciar las estancias residenciales en centros de día, dejando las residencias como último recurso de acogimiento».