Izquierda Unida exige que se garantice el aborto en el sistema público de Castilla y León

Añaden que «el peregrinaje que las mujeres realizan entre provincias para poder ejercer un derecho roza lo absurdo, aun existiendo clínicas autorizadas en su provincia, se ven obligadas a trasladarse a otra provincia de la comunidad o muchas de ellas a Madrid, a modo de ejemplo las mujeres de Salamanca (donde existe una clínica autorizada) tienen que viajar a Valladolid, y a Salamanca acuden mujeres de otras provincias».

Durante el año 2019, apuntan a que 2.674 mujeres de Castilla y León decidieron interrumpir su embarazo. Del informe anual del Ministerio de Sanidad «se desprenden datos que evidencian el nulo interés del gobierno autonómico por garantizar el ejercicio de un derecho en el servicio sanitario público».

De las 2.237 interrupciones voluntarias del embarazo que se realizaron de manera extra hospitalaria, «es decir sin ingreso en 2019; solamente una se produjo en un el sistema público, el resto 2.236 fueron realizadas en centro privadas. En los IVE que se practican en hospitales los datos también son significativos, 56 fueron en centro públicos y 381 en privados».

Izquierda Unida de Castilla y León denuncia que «esta situación que se da en nuestra comunidad vulnera los derechos de las mujeres que quieren abortar, la ley recoge claramente que la prestación se debe de llevar a cabo de manera mas favorable para la mujer, y que la misma está incluida en la cartera de servicios de Sacyl». Una visión que dicen es «patriarcal y misógina que pretende penalizar a las mujeres que quieren decidir sobre sus cuerpos».

Recuerdan que el artículo 19 de la ley de salud sexual y reproductiva «define claramente las condiciones para la objeción de conciencia de las y los profesionales implicados»: «el rechazo o la negativa a realizar la intervención de interrupción del embarazo por razones de conciencia es una decisión siempre individual del personal sanitario directamente implicado en la realización de la interrupción voluntaria del embarazo, que debe manifestarse anticipadamente y por escrito».

«La objeción de conciencia institucional es ilegal», claman. «Hace falta una ley que clarifique bien, para que la objeción no sea mal entendida para denegar la prestación; ni que en la mayoría de los hospitales la decisión sea tomada por los jefes de servicio».

«El aborto es un derecho que tienen las mujeres sobre su vida, un derecho que aunque parece considerado socialmente como tal, las movilizaciones contra la propuesta de la llamada 'ley Gallardón' lo evidenciaron», señalan. Añaden que «sigue estando estigmatizado y no está normalizado como derecho y prestación sanitaria, al igual que cualquier otra prestación, eso no ayuda y ahonda en el estigma que también viven las y los profesionales que practican abortos».

IUCyL señala también la falta de interés que se tiene en el ámbito sanitario «sobre la propia IVE, falta de formación y prejuicios morales que se reproducen continuamente». Denuncian que «no incluir la formación del personal sanitario en técnicas IVE en las facultades, supone que no se produzca reemplazo generacional de las y los profesionales. Su estigmatización hace que conocer métodos IVE no suma en la carrera, más bien todo lo contrario».

«Es imprescindible garantizar la formación profesional en IVE y derechos sexuales y reproductivos en las facultades de medicina de manera que se normalice su consideración como una prestación sanitaria mas y se eliminen los prejuicios que existen sobre este derecho», afirman desde Izquierda Unida.

«De igual manera es imprescindible garantizar en todos los hospitales públicos el que haya profesionales y recursos para atender las demandas de las mujeres sobre interrupción voluntaria del embarazo», concluyen.

Recuerdan que la propia directora del Instituto de las Mujeres, Antonia Morillas señalo que «El aborto tiene que ser seguro y gratuito a través de la sanidad pública».

Más allá de la necesaria reforma de la ley del 2010 anunciada por la directora del Instituto de Las Mujeres, «la comunidad autónoma de Castilla y León tiene las competencias trasferidas y es el SACYL quien tiene que garantizar ese derecho en nuestra comunidad; ir poniendo en marcha los mecanismos necesarios para que las mujeres de nuestra comunidad puedan ejercer un derecho reconocido hace 35 años pero que al día de hoy está muy lejos de ser efectivo».

IUCYL sentencia que «seguirá peleando y acompañando al movimiento feminista para que los derechos reconocidos en las leyes sean una realidad en nuestra comunidad autónoma».