La intermediación de la Junta frena el desahucio de 13.000 personas desde el 2012

De este total de beneficiarios, el 38 por ciento recibió dinero para hacer frente al pago de las necesidades básicas de la vivienda, seguidas del 28 por ciento para el alquiler y del 16 por ciento para alimentos. También hay prestaciones para cubrir los gastos destinados a hacer frente a las cuotas hipotecarias y otros conceptos como el cuidado personal, el acondicionamiento del hogar y los enseres.

El incremento de beneficiarios en 513 en los seis primeros meses del año ha supuesto que el desembolso de la administración regional para las ayudas sociales haya aumentado 80.000 euros, hasta los 3,7 millones de euros. A la vista de los datos facilitados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades a la Agencia Ical y de continuar con la tendencia, la previsión es que el año 2017 finalice con un aumento de este tipo de prestaciones.

Las ayudas de la Junta a familias que padecen pobreza energética ya crecieron un 40 por ciento en el primer semestre del año pasado, cuando se concedieron 1.947 prestaciones y beneficiaron a 5.500 personas. Entre enero y junio de 2017, el número de ayudas se situó en 2.534 para atender a 7.056 castellanos y leoneses. Un incremento continuado que, posiblemente, esté influido por los convenios que la Junta firmó en 2015 con Iberdrola y Gas Natural Fenosa y a la que sumó el año pasado la empresa Viesgo.

El objetivo de estos acuerdos es evitar la suspensión en el suministro de electricidad y gas para la calefacción o asegurar su inmediato restablecimiento en el caso de que se haya suspendido el contrato por impago de la factura.

También, aumentaron las ayudas de urgencia social englobadas en 'otros conceptos” y que incluyen prestaciones para cuidados personales, acondicionamiento del hogar y enseres. No en vano, pasaron de beneficiar a 2.568 ciudadanos a 2.672 al comparar los primeros semestres de 2016 y 2017. Por contra, la Junta contabilizó un ligero descenso en las ayudas de alimentación (incluida la comida infantil) ya que los 2.981 beneficiarios se convirtieron en 2.904 y, sobre todo, en el pago del alquiler (de 6.005 personas a 5.176). También bajaron los castellanos y leoneses que recibieron dinero para hacer frente a las cuotas hipotecarias (de 791 a 540 personas).

La Red de Protección incluye el Servicio Integral de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucio que, desde su creación en noviembre de 2012, ha atendido a cerca de 5.000 familias y ha permitido que más de 13.000 personas haya mantenido su hogar. La mediación de los técnicos de Servicios Sociales evita que una media de dos familias pierdan su casa cada día. Además, ninguna de las personas atendidas ha sufrido un desalojo forzoso tras alcanzar otras fórmulas como un alquiler social para continuar en la vivienda.

En 2016, la Junta concedió ayudas para cubrir las necesidades básicas de subsistencia de 30.776 castellanos y leoneses frente a los 27.000 registrados en 2015. En todo caso, son cifras inferiores al récord de ayudas de urgencia social que hubo en 2014, cuando se manifestó con virulencia los efectos de la crisis y 38.169 personas necesitaron estos recursos.

La consejera de Familia, Alicia García, aseguró durante su comparecencia en las Cortes de balance de los dos primeros años de legislatura que la Junta se marca como “prioridad” la ampliación de la atención y protección a las familias y personas más vulnerables. Solo así se entiende que la Red de Protección a las familias haya pasado de atender a 171.000 personas en 2015 a las 184.000 en 2016 y las 190.000 de este año.

Además, el apoyo a los ciudadanos con menos recursos económicos se traduce en un descenso de los datos de pobreza en Castilla y León. El último informe de la EAPN sobre la carencia material severa destaca que la Comunidad registra la tasa más baja de todas las autonomías, situándose en el 2 por ciento frente al 5,8 por ciento de la media estatal, que casi triplica la tasa de la región.

En concreto, un total de 83.316 personas abandonó en los dos últimos años su situación de pobreza o de riesgo de exclusión social en la región, aunque aún hay 567.824 habitantes que padecen esa situación. Es decir, el 23,2 por ciento de la población frente al 28 por ciento de España.

La Junta ha destinado a través del Acuerdo Marco de colaboración con las entidades locales en la prestación de la atención social 10 millones de euros entre 2015 y 2016 para las ayudas de urgencia social frente a los 7,5 millones de 2013-2014, lo que supone una subida del 34 por ciento.

Un incremento de los fondos de la Consejería que, según fuentes del propio departamento, puede estar relacionado con el descenso que han experimentado algunas administraciones locales y provinciales. La Diputación de Soria tramitó, por ejemplo, 54 solicitudes de ayudas de urgencia social menos durante el primer semestre del año, con respecto al mismo periodo de 2016. “Si las ayudas de la Junta cubren esas necesidades, ayuntamientos y diputaciones pueden ir reduciendo sus ayudas”, explican desde Familia.