El Instituto de Política Social pide a la Junta abrir «de inmediato» el plazo de matriculación para el curso que viene para contrarrestar la Ley Celaá

En este sentido, en una comparecencia de prensa celebrada este viernes en Valladolid, Hertfelder avanzó que mantendrán próximamente una reunión con responsables de la Consejería que dirige Rocío Lucas. con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tal y como esta organización ha acordado con el presidente del PP nacional, Pablo Casado, y con los grupos parlamentarios, para presentarles un dossier con 150 medidas que esta entidad demanda con carácter urgente.

Por ello, demandó a la Junta que siga el ejemplo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha abierto el plazo de matrícula «desde ya mismo» para enfrentarse a una ley que tachó de «liberticida, perversa y que sesga el derecho de los padres». «Cualquiera que disienta de la ley, acabará censurada en aspectos políticos y podrá recibir hasta multas», advirtió Pablo Hertfelder.

Por el momento, Educación publicó esta semana la Resolución para poner en marcha el proceso de admisión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos para el curso 2021-2022 y que se adelanta a la Ley Celaá. Si bien es similar a la de cursos anteriores, aunque se publica un mes antes de lo habitual, establece el calendario de actuaciones a realizar por las familias, por los centros y por la Administración educativa. Las solicitudes, que este año se podrán cumplimentar de forma electrónica, se presentarán entre los días 19 de marzo y 6 de abril y la resolución del proceso ordinario se prevé para el 22 de junio.

Por ello, pidió el respaldo de la Junta y de los grupos políticos en las Cortes autonómicas, para que acepten sus propuestas, que van encaminadas a la elección de centro escolar y al «apoyo» a la educación especial, para que abogó por su «segregación por cursos». «Creemos que es fundamental que los alumnos que tienen dificultades en el aprendizaje no estén en un centro ordinario, sino en uno adecuado a ellos», expuso el presidente del Instituto, quien admitió que se han publicado «muchos bulos» acerca de que estos espacios «vayan a cerrar con la Ley Celaá». «Esto es mentira; no van a cerrar, sino que se van a quedar sin alumnos porque los padres tendrán miedo e inseguridad y les sacarán a centros ordinarios. Con ello, la calidad educativa se pierde, con lo que quebrarán», vaticinó En este punto, negó que esa 'fakes news' hayan llegado desde el PP, sino que son «difamaciones», acusó directamente, de Vox, una formación que en su programa electoral «llevaba precisamente el cierre de estos centros y ahora manifiesta su incoherencia», denunció Pablo Hertfelder.

Igualmente, recordó que el Instituto de Política Social ha presentado la primera querella en los tribunales contra la Ley Celaá, que «ha significado un avance» porque todos los partidos políticos se han puesto en contacto con ellos. «Hay interés político por parte de PP y Ciudadanos para buscar soluciones efectivas», subrayó, si bien reprochó la actitud de Vox, que «no ha querido atender este reclamo». «Nos ha molestado bastante porque en el ámbito educativo, en teoría, estamos juntos», incidió.

Por último, consideró que Castilla y León será una de las comunidades «más perjudicadas» con esta nueva normativa recientemente aprobada en las Cortes Generales, algo que argumentó en que «pierde mucha fuerza de su fama de educar perfectamente». «De aquí salen los mejores médicos, filósofos o escritores. Con esta ley todo eso peligra y la educación bajará vertiginosamente», presagió Hertfelder.