La Inspección de Trabajo logra la recuperación de dos millones de euros en salarios en Castilla y León

La directora general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, María Soledad Serrano, aprovechó hoy en Valladolid la reunión de la Comisión Operativa Autonómica con el consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios, para añadir que el plan ha transformado un total de 10.046 contratos temporales en indefinidos, desde su entrada en vigor el 1 de agosto de 2018 y hasta 31 de octubre pasado. Un número que es un 57,4% más que en los 15 meses inmediatamente anteriores. Además, se ha procedido a incrementar la jornada de 2.409 trabajadores a tiempo parcial y 640 falsos autónomos fueron regularizados mediante su alta en la Seguridad Social, en ese mismo periodo de tiempo.

El encuentro sirvió para anunciar la programación conjunta de la inspección de trabajo para 2020 en Castilla y León, entre la Junta y el Ministerio de Trabajo, que contempla un total de 46.500 inspecciones, un 6% más que el presente ejercicio. En concreto, la administración autonómica asumirá el 45 por ciento de las planificadas, al tener las competencias de la prevención de riesgos en el trabajo y las relaciones laborales. El 55% restante correrá a cargo del Estado.

Germán Barrios y María Soledad Serrano destacaron, según recogió Ical, la «perfecta» coordinación entre ambas administraciones y el consenso con los agentes sociales, con el objetivo de mejorar la calidad en el empleo y las condiciones de los trabajadores en Castilla y León.

Las principales líneas y objetivos de actuación del Plan Director por un Trabajo Digno para el año próximo serán la lucha contra el abuso y el fraude en la contratación temporal y a tiempo parcial (3.854 actuaciones previstas); perseguir los excesos de jornadas y las horas extraordinarias no pagadas (1.634 acciones) así como los incumplimientos en materia salarial (más de 200 iniciativas); garantizar la protección de derechos fundamentales y la promoción de la igualdad (737 actuaciones); combatir el fraude a la Seguridad Social (10.898) y contra la economía regular (13.802) y reforzar las actuaciones para reducir la accidentalidad y morbilidad laboral, con 10.408 actuaciones.

El consejero de Empleo precisó que el plan 2020 contempla las dos novedades legislativas como el registro horario y los planes de igualdad, ya que todas las empresas de más de 150 trabajadores deberán contar con estos programas a partir del 8 de marzo próximo. También destacó el control de las medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

En este sentido, la directora general de Inspección de Trabajo del Ministerio expuso que habrá una campaña específica para controlar el registro horario de todos los trabajadores en las empresas y no solo como hasta ahora, que se limitaba para los que hicieran horas extraordinarias y tiempos parciales. Además, en septiembre pasado, se lanzaron 85.000 comunicaciones a nivel nacional que afectarán a 238.000 trabajadores, para transformar contratos temporales en indefinidos y luchar contra la parcialidad de las jornadas.

Preguntada por el control horario, Serrano significó que el Ministerio ya ha realizado 5.300 inspecciones a empresas en el conjunto de España, aunque no hay datos territorializados. Además, reconoció que ha habido infracciones pero sin concretar el número. «Primero, hubo un requerimiento a las empresas porque el modelo de registro de la jornada tenía que estar negociado con los representantes de los trabajadores. A posteriori, y tras comprobar que no se habían negociado o que hay registros que no cumplen la ley, se ha procedido al inicio del procedimiento sancionador», añadió.

En el transcurso de la reunión también se analizaron los resultados de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Castilla y León durante el año 2019. Las infracciones de todas las áreas sobre las que tiene competencia de actuación la Inspección ascendieron a 4.134 infracciones en los diez primeros meses del año, lo que llevaron aparejadas sanciones por un importe de casi 10,4 millones de euros.

Estos datos evidencian un incremento del 15,3 % en el número de infracciones y del 16% en la cuantía impuesta con respecto al mismo periodo de 2018, cuando se formalizaron 3.584 infracciones por las que se notificaron sanciones por cerca de 9 millones de euros, según informaciones de Ical.

En el campo de las relaciones laborales, los expedientes sancionadores tramitados entre enero y octubre de este año han ascendido a 566, lo que supuso un incremento interanual de casi el 21%. Los requerimientos para subsanar las deficiencias detectadas aumentaron el 5,2%(hasta 2.750). Para finalizar, las infracciones en materia de tiempo de trabajo (jornada, registro, horas extras, entre otros) se elevaron el 37,3% (hasta sumar un total de 261).

En enero y octubre de este ejercicio, el número de infracciones ascendió a 1.186, con un incremento de casi el 14,4% frente a las 1.037 contabilizadas en el mismo periodo de 2018. También se produjo un aumento de la cuantía sancionadora, pasando de 1,89 millones de euros a 2,55 millones de euros (34,9 % más).

La Inspección constató un alza interanual de casi el 17,4%en el número de recargos de prestaciones por falta de medidas de seguridad y salud laboral, y del 75% en la cifra de las paralizaciones. En materia de requerimientos, en comparación interanual, se ha producido un aumento del 2,5%, con 173 requerimientos más respecto a los diez primeros meses del año 2018.