La inflación energética y el desabastecimiento frenan la recuperación en un año en el que el Diálogo Social cumple dos décadas

El Diálogo Social cumple 20 años y se firman a lo largo del ejercicio siete acuerdos que movilizan 400 millones, eso sí, con retraso en las políticas activas de empleo, ya que no se cierran hasta junio, por el tira y afloja en las negociaciones por las ayudas a los ERTE. En este sentido, sindicatos y representantes de Ciudadanos en el Gobierno autonómico prosiguen con sus enfrenamientos, ayudas a los ERTE, Fundación Serla y propuesta de eliminación de Anclaje profundizan sus diferencias.

La crisis energética dispara los precios y Castilla y León, sus ciudadanos y sus empresas viven en sus bolsillos la pérdida de poder adquisitivo y competitividad, con inflaciones que rozan el seis por ciento, y que no se habían vivido en 30 años.

Las carencias en materias primas impactan en numerosos sectores, pero la automoción, uno de los motores económicos de la Comunidad, sufre el fenómeno como ningún otro, porque la falta de semiconductores paraliza producciones en Renault, desde principios de año, Iveco, tras el verano, y Michelín, a finales del ejercicio. Los dos constructores se ven obligados a recurrir a los ERTE, mientras que el fabricante de ruedas puede afrontar la situación con sus medidas de flexibilidad interna. Grupo Renault extiende el expediente de regulación de empleo pactado con los sindicatos hasta el 30 de junio de 2022, mientras que Iveco lo canceló a finales del año.

El año de la automoción también está marcado por los nuevos convenios colectivos, el 24 de febrero se firma el de Renault; y en septiembre, la plantilla de Iveco asume el suyo, los primeros como paso previo a un nuevo plan industrial y los segundos tras pedir la empresa un nuevo ERTE en julio. Nissan apremia a la firma de un nuevo convenio a sus trabajadores a finales del año para proseguir con el desarrollo de su plan industrial en Ávila.

No solo sufre la automoción y se viven numerosos conflictos laborales, como el de LM Windpower, que tras 15 de días de huelga se logra mantener en Ponferrada, o, por el contrario, Jupiter Bach, que cierra su planta de componentes de molinos eólicos en Villadangos, con medio centenar de empleos perdidos.

El sector financiero prosigue su proceso de concentración. Unicaja Banco y Liberbank cierra su fusión a finales de julio, para crear el quinto banco español con 113.000 millones de euros en activos. La operación llega acompañada de ajustes de plantilla, y tras dos jornadas de huelga, se cierra un acuerdo sobre el ERE el 3 de diciembre sobre 1.513 empleos, 401 en la Comunidad, sobre la base de la voluntariedad.

Pero no todos son malas noticias, ya que Renault laza en enero su plan estratégico mundial Renaulution, de la mano de Luca de Meo, y tras firmar el nuevo convenio en España, garantiza su compromiso de futuro con las plantas de la Comunidad. El CEO presenta el 23 de marzo, al rey, en la factoría de Palencia, el Plan Industrial 2021-2024, con la adjudicación de modelos híbridos, tres para la planta palentina y dos para la de Valladolid; una nueva familia de ingenierías para Motores, y dos nuevas cajas para Sevilla.

Además, el 15 de diciembre, la empresa india Switch Mobility anuncia que invertirá en la próxima década 100 millones de euros en una planta de producción de autobuses y furgonetas eléctricas y el centro de I+D que instalará en Valladolid, que generará 7.000 empleos, de los que 2.000 serán directos y el resto indirectos. El CEO de la compañía, Andy Palmer, adelanta que la primera piedra de la planta se instalará el 27 de enero de 2022 y que el objetivo es que a finales de año esté fabricado el primer autobús eléctrico.

El proceso de concertación social en la Comunidad sigue viento en popa, y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, suscribe con los secretarios generales de CCOO y UGT, Vicente Andrés y Faustino Temprano, y el presidente de CEOE-CyL, Santiago Aparicio, dos tandas de acuerdos. La primera con las políticas activas de empleo, que habitualmente se cerraba en el inicio del ejercicio, llega con retraso, porque se arrastra el conflicto por las ayudas a los ERTE, que dejaron fuera a miles de trabajadores, y que quieren recuperar sea como sea los representantes laborales, con la oposición de Carlota, que al final solo pone los fondos sobrantes de la convocatoria anterior.

Finalmente, Mañueco puede suscribir el 2 de junio, tres grades acuerdos sobre atención a las Personas en Situación de Dependencia 2021; la III Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad, Corresponsabilidad y Juventud en el Empleo, 2021-2024, y el Plan Anual de Empleo de Castilla y León 2021. En total, suman 343 millones de euros, 50 para dependencia y 293 para empleo.

La segunda tanda se suscribe el 13 de octubre. El presidente firma en Palencia, cuatro nuevos acuerdos sobre el sistema educativo de Castilla y León, al que se destinarán casi 42,4 millones para llevar a cabo políticas de equidad y retención del talento hasta 2024; de lucha contra la violencia de género; de respuesta al desafío del cambio climático; y el IV Acuerdo Marco de Competitividad y la Innovación Empresarial de Castilla y León 2021-2027.

El Diálogo Social cumpla 20 años el 9 de noviembre, y sus protagonistas, Junta, la organización empresarial CEOE-Castilla y León y las sindicales CCOO y UGT remiten un manifiesto conjunto en el que defienden la «efectividad» de los más de cien acuerdos firmados en este tiempo en el marco de esta herramienta de concertación y democracia participativa que, coincidieron, «está en plena forma». El proceso con Mañueco al frente de la Junta suma, en lo que va de legislatura, once grandes acuerdos por 953 millones de euros para la protección social y el empleo, contribuyendo a paliar las graves consecuencias sociales y laborales de la pandemia.

Pese al avance del Diálogo Social, el choque ideológico entre sindicatos y miembros de Ciudadanos en el Ejecutivo regional sigue siendo una constante en 2021, sobre todo con el vicepresidente Francisco Igea y la consejera de Empleo e Industrial Carlos Amigo. Esta última inicia el año, en el arranque de enero, rechazando el acuerdo de extensión del Serla a las provincias, ante la existencia del Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación (SMAC) de la Junta. Además, el 23 de febrero sale el informe de la Comisión paritaria PP-Ciudadanos en las Cortes sobre el sector público autonómico, que apuesta por el cierre de la Fundación Anclaje.

Los sindicatos se sienten amenazados, y el 2 de mazo inician una ronda con los grupos parlamentarios, para exigir que acaben los ataques a la concertación social. El 4 de marzo, la Consejería de Igea incorpora en el portal de Gobierno Abierto la relación detallada de ayudas y subvenciones concedidas desde 2018 en el Diálogo Social.

Las ayudas a los ERTE siguen coleando, y los sindicatos no renuncian a que el Ejecutivo ponga más dinero para cubrir con estos apoyos a los miles de trabajadores que se quedaron fuera. A finales del año, el 23 de noviembre, vuelven a la carga cuando se convocan tres millones, «insuficientes» dentro de una normativa «restrictiva e insuficiente».