Industria plantea financiar el SERLA con 400.000 euros pero limita su actividad a los conflictos colectivos

Tras la reunión con Veganzones, Fernando Fraile y Raúl Santa Eufemia, representantes de CCOO y UGT en el encuentro, explicaron, en declaraciones recogidas por Ical, que no se han adherido a la propuesta del consejero, del que criticaron su pretensión de aplicación «en cualquier caso». Además, manifestaron su decisión de esperar a ver la decisión que se adopta en la reunión del Patronato de la Fundación SERLA del próximo viernes, 31 de marzo, cuyo punto del orden del día es el estudio del procedimiento para la extinción de la entidad.

También aseguraron los dos sindicalistas que esperarán a la respuesta oficial de la Junta de Castilla y León al requerimiento enviado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social de la vicepresidenta Yolanda Díaz, puesto que a su juicio, el Gobierno «actuará en consecuencia», si bien UGT y CCOO mantuvieron su disposición a acudir a la justicia para defender el SERLA, puesto que sostienen que su desaparición contraviene la legislación vigente.

En primer lugar, y nada más salir de la reunión, que apenas duró tres cuartos de hora, el secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO en Castilla y León, Fernando Fraile, explicó que «por la vía de los hechos» la Consejería les reconoció que lo que pretendían hacer con la desaparición del SERLA era «ilegal».

«Hoy dan marcha atrás», señaló, si bien rechazó las condiciones que proponen para el mantenimiento del servicio ya que «siguen incumpliendo la legalidad vigente». De hecho, denunció que Veganzones les ha convocado a una reunión para intentar «imponer» una nueva propuesta que no cumple con la legalidad vigente y que calificó de «ilegal» y que «no se puede aceptar».

A su juicio, la propuesta del consejero de Industria, Comercio y Empleo pretende «estrangular» el SERLA con una menor financiación cuya cuantía no ha sido revelada en la reunión, además de abandonar su extensión a todas las provincias y Ponferrada en materia de conflictos individuales.

Fraile indicó que los sindicatos le recordaron la sentencia del Tribunal Supremo en la que dice el SERLA tiene que conocer «en exclusividad» los conflictos individuales porque así lo recoge un acuerdo interprofesional. «No lo pueden hacer y será un acto ilegal», dijo, por lo que desde los sindicatos reclamaron a la Junta que «cumpla la legalidad vigente» y vuelvan a la «cordura».

También demandó a la Junta una aportación económica «adecuada y suficiente». «Por ahí no estamos dispuestos a pasar», dijo sobre un recorte de fondos y funciones, ya que insistió en que no habían acudido para negociar «nada», sino para que cumplieran con la legalidad «vigente».

Por su parte, el secretario de Acción Sindical y del Diálogo Social de UGT en Castilla y León, Raúl Santa Eufemia, destacó también el «paso atrás» de Industria, que a su juicio reconoce que tiene que financiar el SERLA, al tiempo que rechazó la propuesta hecha, sobre la que se les pidió un «sí» o un «no», porque desde la Consejería «no precisaron» la cantidad que aportará la Junta para el mantenimiento del servicio, aunque conjeturó con que puedan ser los 543.000 euros recogidos en los Presupuestos Generales de la Comunidad para mediación.

Santa Eufemia criticó que Industria asuma que tiene que financiar este órgano de resolución de conflictos pero plantee a la vez la eliminación de su intervención en asuntos individuales, lo que para UGT supone incumplir el pacto de hace siete años con el expresidente Juan Vicente Herrera para la extensión del SERLA a todas las provincias, así como la sentencia del Tribunal Supremo.

También criticó que se proponga la eliminación del director del SERLA para que el servicio pase a ser gestionado por el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta, lo que a su juicio supone «secuestrar» este órgano.

Por ello, pidió a la Junta que ingrese los fondos que necesita este servicio, en torno a un millón de euros al año, como hasta ahora, para evitar que no se abonen las nóminas de siete trabajadores y los costes propios de la entidad.

Más cauto tras la reunión se mantuvo el presidente de la CEOE en Castilla y León, Santiago Aparicio, que no quiso trasladar la primera impresión de la patronal tras la reunión a la espera de una reunión de la Junta Directiva de la CEOE para «ver la respuesta que se da» a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo tras la propuesta.

Aparicio reconoció así que pretende esperar a «analizar» los ocho puntos de la propuesta y los resultados de la reunión del Patronato de la Fundación SERLA del próximo viernes, por lo que aplazó la respuesta de la patronal hasta la semana que viene «dependiendo de cómo vaya cargada de acontecimientos y reuniones».

«Hay una serie de puntos y no es factible hablar uno por uno», señaló Aparicio en declaraciones recogidas por Ical, señalando que «cuando estén analizados, es cuando toca hablar» para dar respuesta «a cada uno de esos puntos» sostenidos en la propuesta de la Consejería, que pese a la denuncia de los sindicatos de ser una «imposición», Aparicio aseguró que «como en todo, se puede hablar y negociar».