Igea se enfrenta a un juicio por amenazas leves a un militante de Cs en las primarias

Fue Francisco Igea quien informó del asunto judicial que le atañe. Lo hizo, en las Cortes, antes de explicar a los procuradores los proyectos que piensa acometer en la legislatura y horas después de que el PSOE denunciara el aumento de cargos de confianza, en un acuerdo sobre el que el Gobierno bicolor no dio publicidad. Dos informaciones que dinamitaron las dos comparecencias con las que los miembros de la Junta estrenaban la ronda parlamentaria que marca el inicio de la legislatura en las Cortes. La de Igea y la de su compañero de la Consejería de la Presidencia, Ángel Ibáñez.

«Fue una discusión propia de un proceso de primarias que todos saben que acabó como acabó», aseguró Igea, en una declaración en la que contestó someramente a preguntas de los informadores. El vicepresidente declinó poner nombre al denunciante, pero sí lo ubicó en el equipo de Silvia Clemente. Precisó que la denuncia no se tramitó hasta después de conocerse el resultado definitivo, que confirmó el pucherazo en favor de la expresidenta de las Cortes, a la que apoyaban la dirección nacional y regional de Cs.

Francisco Igea reconoció que no es «perfecto» y también que no se arrepiente de lo que hizo, porque lo hizo «para defender la voluntad de los militantes de mi partido». Preguntado sobre qué es lo que motiva la denuncia, el dirigente de Cs no fue preciso. Insistió en que fue una discusión en el marco del proceso de primarias «por cosas que hicieron que me afectaban a mi directamente» y añadió que «sí advertí que no toleraría que se hiciesen trampas».

Fuentes políticas explicaron que, al parecer, todo tuvo su origen en un mensaje publicado por el militante Borja Collantes en la red social Twitter, sobre el que Igea le recriminó en la calle. Activo en esa red social, durante las primarias, el denunciante publicó encendidos mensajes contra Igea. El 26 de febrero escribió que había «sentido vergüenza de escuchar a Francisco Igea insultando al partido del que quiere ser candidato y ridiculizando a Albert Rivera.Solo quiere ser candidato de sí mismo. El proyecto ya no le importa nada. Todo mi apoyo a Silvia Clemente».

Francisco Igea insistió en la idea de que el juicio no afecta a su vida pública y administrativa, argumento que le compraron desde su partido, la Junta y el PP. No así desde la oposición. Alicia Palomo, del PSOE, señaló que era un hecho que le situaba en la «antiregeneración» política. Pablo Fernández, de Podemos, fue más allá y pidió su dimisión irrevocable, preguntándole en el debate a Igea qué iba a hacer si era condenado.

«Me pregunta directamente por un asunto personal que antes era un juicio de faltas, no tiene instrucción previa y va directamente a juicio», precisó el aludido. Luego recordó a Fernández cómo este había justificado a la candidata morada a la Alcaldía de Ávila, condenada por asesinato, y la 'distancia' que había entre los dos asuntos. Igea concluyó que le lleva al banquillo una «discusión en el curso de unas primarias de las que todos ustedes son testigos de cómo fueron».

Pese a que desde el grupo de Cs en las Cortes descartaron que el asunto tenga consecuencias disciplinarias para Igea, los estatutos de la formación naranja consideran como una infracción grave la amenaza a cualquier afiliado o trabajador del partido. En su artículo 12.

Estas infracciones podrán llevar aparejadas las siguientes sanciones, según el punto cuarto de este mismo artículo: suspensión de la condición de afiliado por un periodo comprendido entre seis meses y dos años. Pérdida del cargo orgánico que estuviera desempeñando durante el plazo establecido en el apartado anterior. Inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del partido o en representación de este durante el plazo establecido en los apartados anteriores.

El vicepresidente manifestó su confianza «en la Justicia y en mi abogado» y confió en que el asunto tenga un rápido desenlace.