Igea advierte a la Junta de que «menoscabar» el derecho al aborto está tipificado por el Código Penal

El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha advertido a la Junta de que «menoscabar» el derecho al aborto está tipificado por el Código Penal ante el «supuesto nuevo» protocolo de atención a las mujeres embarazadas anunciado este jueves para disminuir el número de interrupciones del embarazo. «Ya está bien de este disparate que estamos viviendo en esta Comunidad», dijo.

En un comunicado, Cs recordó que según indicó el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, se procederá a «la elaboración e implantación de un protocolo de latido fetal dentro de la atención programada en el primer trimestre«. También incluyó las e ecografías 4D durante el primer trimestre, con el fin de enseñar a la madre los rasgos del feto en ese momento de desarrollo.

Francisco Igea registró una batería de preguntas parlamentarias ante un «nuevo episodio sorprendente de machismo irredento, de imposición moral» por parte del vicepresidente Juan García-Gallardo y del gobierno de Vox, porque en su opinión el presidente de la Junta es «una maceta» en el Consejo de Gobierno. A su juicio, la Junta está instalada en la «propaganda» y el «populismo» para presentarse como defensores de la vida, una consideración que reservó para los profesionales de la sanidad.

«No consta que tal modificación de los protocolos de seguimiento del embarazo haya sido aprobada por ninguna sociedad científica, ni consultado a los responsables de los servicios de obstetricia de nuestra Comunidad», dijo el procurador de Ciudadanos.

«No hay evidencia conocida de los efectos que sobre la madre o el feto pueda tener tal modificación, ni consta tampoco estudios que avalen la pretendida eficacia en la disminución de las interrupciones voluntarias del embarazo», añadió.

«¿Se ha considerado la compatibilidad con el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de acuerdo a las leyes vigentes?, ha cuestionado. «¿Se ha consultado esta variación del protocolo con los servicios de obstetricia de nuestra comunidad?».

Asimismo, Cs recordó que en la legislación actual no existen listas públicas de objetores, ni se ha planteado tal posibilidad en ningún caso. Es obligatoria, aclaró, la declaración de la objeción ante las autoridades sanitarias según lo previsto, sin que se produzca menoscabo alguno de dicho derecho a la objeción de conciencia.

Por otra parte, recordó que recientemente se ha producido una modificación del Código Penal en la que se añade un nuevo artículo 172 quater en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Por ello, preguntó: «¿Ha previsto la posibilidad de que los facultativos, o personal sanitario, así como el propio consejero que «ofrezca» estos servicios pueda resultar denunciado de acuerdo a la nueva redacción del código penal arriba señalada?».

Además, el procurador de Ciudadanos planteó si se ha negado asistencia psicológica a las gestantes que lo han solicitado y si se ha incumplido la obligatoriedad de comunicar a las mismas las ayudas sociales a que tienen derecho según lo dispuesto en la ley de salud sexual y reproductiva.

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