Ibercyl reconoce que la Junta exigía socios locales para agilizar los trámites de los parques eólicos

Bravo declaró como investigado durante cerca de dos horas y media ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid, que se ocupa de las diligencias abiertas por la supuesta autoría de delitos continuados de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y contra la hacienda pública, relacionados con la tramitación de concesiones de parques o empresas eólicas en la comunidad autónoma. Tras la comparecencia en el Juzgado, el abogado de la acción popular, que ejerce Ecologistas en Acción, manifestó que el representante de Ibercyl había considerado que, al buscar un socio local para un parque eólico cumplían con una condición «necesaria» que establecía la Junta.

El abogado precisó que, al parecer, las empresas asumían esa condición con normalidad y, sobre la relación con el entonces consejero de Empleo, Tomás Villanueva, detalló que Bravo había considerado que mantenían «relaciones institucionales», más habituales con el viceconsejero y con más asiduidad con la Dirección General.

El letrado opinó que esa inclusión de socios locales suponía que la tramitación de las concesiones para los parques eólicos fuera más rápida. En esta jornada, antes de Bravo, habían declarado también como investigados los hermanos Alejandro y Miguel Ángel Llorente, directivos de Inverduero. Según consideró el abogado de Ecologistas en Acción en función de la comparecencia de ambos, existen organizaciones complejas que se convierten en compartimentos estancos sin saber qué se hace en el compartimento de al lado.

El letrado de los dos declarantes aseguró a los medios que ambos habían contestado a todas las preguntas que les habían formulado tanto el fiscal como la magistrada y los letrados. Así, concretó que, en su comparecencia, los dos explicaron que todas las operaciones se llevaron a cabo en el marco de la actividad normal de Inverduero y se desarrollaron con «escrupuloso respecto» a la normativa vigente.

Las actuaciones judiciales se desarrollan a raíz de la interposición de una querella de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, contra el exviceconsejero de Economía y Empleo Rafael Delgado y otras veinte personas más. El exvicepresidente y exconsejero de Empleo Tomás Villanueva declarará como investigado el próximo 18 de octubre, una decisión contra la que se ha planteado recurso, pendiente de resolución.