La huelga indefinida de los funcionarios de Justicia arranca en Castilla y León con un seguimiento del 80%

El responsable autonómico del Sector Justicia de CSIF, Juanjo Banciella, en declaraciones recogidas por Ical, argumentó que con esta movilización se reclama a la Ministerio de Justicia un trato «justo y equitativo», así como una retribución adecuada al trabajo de los cuerpos generales y que se dé «carta de realidad a lo que pasa en el día a día de la justicia y que en muchas ocasiones es desconocido. No queremos arrogarnos las competencias de los jueces ni de los letrados, pero no podemos tolerar que el Ministerio tenga funcionarios de primera y de segunda», aseveró.

En este sentido, indicó que con el reciente acuerdo alcanzando por los letrados, se ha dado «luz verde a una injusticia de tamaño manifiesto», ya que fue el que propio Ministerio el que reconoció que las retribuciones dentro de la Administración de Justicia están íntimamente relacionadas. No podemos consentir que se suba el salario a un único cuerpo en detrimento de los demás», sentenció.

Otra de las reivindicaciones, según explicó Banciella, es la negociación de la Ley de Eficiencia Organizativa. Además, indicó que la huelga de letrados ha demostrado a las claras que la Justicia no puede funcionar sin los trabajadores de los cuerpos generales, por lo que «cualquier medida de eficiencia en la Justicia debe pasar por el reconocimiento de las funciones de las personas que las realizan.

A su vez, el responsable autonómico de Justicia de CSIF, lamentó que el Ministerio de Justicia ha creado «diferencias entre funcionarios», con la imposición de una resolución de servicios mínimos que, «a todas luces, es injusta, excesiva y que dificulta el ejercicio del derecho a la huelga».

Banciella, que recordó que la administración de justicia es un servicio esencial para los ciudadanos, recalcó que el objetivo de la protesta es la defensa de los derechos fundamentales. «Sin embargo, el Ministerio, de manera unilateral, ha decidido acabar con un derecho reconocido en el estatuto básico del empleado público, como es el teletrabajo, y ha impuesto unos servicios mínimos con los que se pretende acallar nuestras reivindicaciones».

No obstante, recalcó que los servicios mínimos se van a respetar de forma «escrupulosa», pero indicó que no están dispuesto a silenciar sus reivindicaciones en pos de que salgan adelante una serie de asuntos que ya están paralizados por culpa de la anterior huelga de letrados.

En términos similares se pronunció el representante del sindicato STAJ en Valladolid, Mario Bravo, que también denunció que la Ley de Eficiencia Organizativa, a pesar de suponer un cambio sustancial en las condiciones de trabajo de los funcionarios de justicia, no ha sido negociada con los representantes sindicales.

Por último, desde UGT, Pablo Tapia, también reclamó que la Ley de Eficiencia Organizativa sea negociada con los representantes de los trabajadores, a la vez que criticó el mal funcionamiento de las aplicaciones informáticas que deben utilizar los funcionarios.