Herrera cierra filas con Suárez-Quiñones y dice que actuó «con ética y diligencia» con Ulibarri

Las respuestas de Juan Vicente Herrera brindaron un respaldo férreo al consejero de Fomento y Medio Ambiente, que procedió, a juicio del presidente de la Junta, de forma «ética» en el «uso responsable» de sus competencias para «salvaguardar el interés público» y «con plena diligencia» para evitar la suspensión de una obra «urgente». Herrera atribuyó la andanada parlamentaria de la oposición a una operación para «desgastar» a su gobierno.

Esa lectura hicieron Juan Vicente Herrera y la bancada del PP, en la que se sientan el ya exalcalde de Villaquilambre, Manuel García, y el regidor de León, Antonio Silván. A ellos aludió el portavoz de Ciudadanos, Luis Fuentes, y sobre ellos el presidente de la Junta aseguró que las responsabilidades políticas se han puesto sobre la mesa con una comisión de investigación en la capital leonesa y una moción de censura en el caso de Villaquilambre, pero también para recordar a Fuentes que la formación naranja ostenta «el dudoso récord» en esa 'operación' de tener investigados estando en la oposición. «Protege a un consejero que quería adjudicar a dedo una obra. Es un caso de trato de favor y alardean de ello asegurando que es transparencia», censuró Fuentes.

«Ningún grupo está a salvo», replicó Herrera, antes de remarcar que su consejero de Fomento no está investigado ni se ha derivado actuación judicial alguna de su llamada telefónica a Ulibarri ni ha incumplido el código ético ni el Estatuto del Alto Cargo de Castilla y León. Tampoco la Ley de Contratos con ningún tipo de «desviación de poder ni trato de favor. Puede estar usted tranquilo».

Más correoso fue el debate con Pablo Fernández, portavoz de Podemos. El parlamentario de la formación morada acusó a Herrera de «tratar de normalizar» un «diálogo que causa sonrojo», con frases trasladadas al sumario judicial como «la Administración soy yo» o «mandas a alguien, que os den todos los datos, el precio, pim pam, y veis si os interesa...». «Si no le cesa (a Suárez-Quiñones), le pido a usted, todavía presidente, que dimita», reclamó Fernández, que concluyó que tras los «trajes, corbatas y el pin con la bandera de España en la solapa» de los dirigentes del PP de Castilla y León se esconden «la trama eólica, la Perla Negra y los terrenos de Portillo, las embajadas en el exterior y la trama Enredadera».

Esto último, corrupción, es lo que ve la oposición allí donde Herrera hace una lectura de actuación responsable, ética y diligente. José Sarrión, parlamentario de IU-Equo, argumentó que la llamada «personal» del consejero y otra en la que el alcalde de León narra a «Ulibarri, en directo que no ganaba una adjudicación y él le dice que lo arreglen y el alcalde que va a hacer una gestioncilla», en un sumario en el que el empresario da órdenes a responsables de sus medios de comunicación (es propietario de la mitad de la televisión autonómica, de varios diarios y de emisoras de radio) del jaez de «apriétale más» o «dale una vuelta de tuerca o dos» describen unos políticos que «enriquecen a empresarios con obra pública pagada con impuestos de los ciudadanos a cambio de favores mediáticos».

El propio Juan Carlos Suárez-Quiñones, que compareció en las Cortes el 5 de septiembre para abordar en un extenso debate esa llamada al empresario, respondió a otras dos preguntas del socialista José Francisco Martín y de Carlos Chávez, de Podemos. El primero le acusó de protagonizar una «negociación irregular y políticamente corrupta» y el segundo le afeó que hubiera «olvidado», siendo juez, «que no podía hacer ese ofrecimiento». «¿Tenía que quedarme parado? Legalmente actué con una justicia impecable. Dejen ese rollo, dejen de buscar lo que no hay», concluyó el consejero.

El vicepresidente de la Junta recordó a los parlamentarios del PSOE y al de IU que el sumario recoge investigados del PSOE –citó al alcalde de Villarejo de Órbigo expulsado del partido– y al secretario de IU en Asturias que agradecía la retirada de una multa a un jefe de policía local con un «te debo una, cabronazo», recogido en el sumario. La presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, decidió que el término empleado no constara en el Diario de Sesiones.

«Ya no, ya no», apuntaban Luis Fuentes, portavoz de Cs y varios procuradores socialistas cuando tanto el presidente de la Junta como el vicepresidente recordaban a los oradores de la oposición que en el sumario de la operación Enredadera también tenían cargos con carné de esas formaciones. José Sarrión cerró el debate y destacó que había políticos de esas dos formaciones y del PP y fue cuando el vicepresidente mencionó al cargo asturiano de la coalición.

El procurador José Francisco Martín acusó a los dirigentes delPP de no decir la verdad cuando aseguran que no han contratado con el empresario José Luis Ulibarri. El parlamentario recordó que el grupo Begar había recibido 355 millones de euros en contratos autonómicos, a los que hay que sumar otros 32 a la empresa a la que se ofreció la carretera (17 de ellos en obras de Fomento y Medio Ambiente) y otros 11 a Aralia en los últimos tres años y medio.

La socialista Mercedes Martín preguntó qué llevó al consejero de Fomento a llamar al empresario leonés y no «a los 99 que sí se habían presentado a la licitación de la carretera». Varios de estos han señalado que no es normal que el máximo responsable de la consejería haga esa gestión. Juan Carlos Suárez-Quiñones respondió que ninguno de los que presentaron oferta mostró interés en quedarse con la cesión de la obra. «Podían haber tenido la iniciativa», precisó.

Natalia del Barrio, procuradora de Podemos, sumó ayer 180 millones en publicidad institucional y la aportación de la Junta a Radio Televisión Castilla y León y aseguró que esa cifra «bien merece transparencia». Se lo reclamó al vicepresidente de la Junta, que recalcó en su respuesta que todos los representantes de todos los grupos en la comisión de seguimiento habían votado a favor de esas aportaciones al medio audiovisual, del que José Luis Ulibarri posee el 50%.