Herrera exigirá a Pedro Sánchez un aumento de las entregas a cuenta con 142,4 millones del IVA de 2017

La consejera de Economía y Hacienda de la Junta, Pilar del Olmo, remitió a principios de agosto, el día 6 concretamente, una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que se expone esta reivindicación que llevará también, como señala la misiva, el presidente autonómico hasta Pedro Sánchez.

Del Olmo solicita que se revise este recorte de fondos para la Comunidad y expresa literalmente a la ministra que sino se atienden sus demandas «se limitarán las posibilidades de mejorar los grandes servicios públicos que financiamos con ellas».

Pilar del Olmo apela a que el Gobierno de España facilite la elaboración de unos Presupuestos para 2019 «que de verdad puedan mejorar los grandes servicios públicos de gestión autonómica. Y con ellos el bienestar de los ciudadanos». La Junta expresa así su disconformidad y preocupación con la cuantía de las entregas a cuenta para el año 2019 dado que su evolución es negativa y resta recursos públicos directos al Gobierno autonómico.

El vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, y la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, se reunieron hoy con los delegados territoriales del Gobierno autonómico, en un encuentro en el que se apostó de nuevo por disponer de más recursos económicos para políticas públicas, pero no más endeudamiento, a expensas de las decisiones políticas de ámbito nacional que determinen el establecimiento, en primer lugar, de un techo de gasto, para poder elaborar las cuentas.

Pilar del Olmo traslada a la ministra en la carta, que si en 2016, la liquidación del modelo de financiación fue de 336,2 millones, la previsión para 2017, se reduce hasta los 114,3, los que supone una diferencia «importante de 221,9 millones, en su mayor parte consecuencia de la implantación del suministro inmediato de información en el IVA, que afectará gravemente a la evolución de dichas entregas, y limitará extraordinariamente las posibilidades de mejorar los grandes servicios públicos» que el Ejecutivo autonómico financia con ellas.

La consejera castellana y leonesa expone que en 2017, a través de la Agencia Tributaria, el Gobierno de España ingresó once mensualidades de IVA, en vez de las 12 que son habituales en un año, produciéndose el ingreso del último mes en enero de 2018, con sólo diez días de retraso. Así, Del Olmo asegura que «puede afirmar que el Gobierno no ha perdido ni un solo euro de recaudación» y sin embargo «las comunidades vamos a sufrir una disminución de financiación en la liquidación 2017, como consecuencia de se mínimo retraso en la recaudación del IVA».

La consejera recalca que la reducción en la financiación se produce por un doble vía, un efecto directo por la minoración del rendimiento cedido del IVA y otro indirecto por el cálculo del Fondo de Suficiencia Global y los Fondos de Convergencia autonómica.

Igualmente, la consejera sostuvo que la «unión» de estos dos factores supone para la Comunidad una pérdida de fondos estimada en 142,4 millones de euros, «que deberían figurar en las entregas para 2019». En este sentido, Del Olmo recuerda a la ministra que la Junta consideró «que en este caso la interpretación literal de las reglas del modelo de financiación produce un resultado injusto y contrario a los principios del sistema».

A juicio de Del Olmo, el Ministerio debería hacer una interpretación «lógica y sistemática» de la Ley 22/2009, que permite a Castilla y León disponer de los fondos que el Gobierno central «ha recaudado por el IVA de 2017 y que aún no se ha transferido» a las arcas de la Junta. Además, la consejera lamentó que tampoco se contempla que se haga efectivo este pago en las entregas a cuenta para el próximo año, recientemente comunicadas.

Todo ello, continúa en la misiva Del Olmo, «está produciendo un desequilibrio claro en la financiación del Estado y de las comunidades autónomas, a favor claramente del primero».

En este sentido, reiteró a la ministra la petición de revisar las referidas entregas a cuenta «y muy en particular la previsión de liquidación de 2017», tal y como el Gobierno central asumió en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Esta decisión, apuntó Del Olmo, «beneficiará de manera inmediata» a todas las comunidades, con la que el Gobierno facilitará la elaboración de unos Presupuestos para 2019 que de verdad puedan mejorar los grandes servicios públicos de gestión autonómica; y con ellos el bienestar de los ciudadanos».