Herrera aborda su último gran debate con 71.700 habitantes menos que en 2001 y el aval de la gestión social

Un vistazo a los datos de esas dos prioridades arroja que entre el debate de investidura de marzo de 2001 y el que protagonizará el presidente de Castilla y León esta semana la foto laboral incorpora 45.000 desempleados más y de la instantánea demográfica se han caído 71.700 habitantes, según la última cifra facilitada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en abril. Está se actualiza hoy, día en que el organismo publica los datos provisionales de población a fecha de 1 de enero. Y seguramente no será en positivo, puesto que la proyección de población que el instituto estatal augura a la comunidad sitúa el padrón autonómico en 2.192.801 habitantes. Menos efectivos y más mayores, porque nacen pocos niños y la pirámide demográfica engorda por la cúspide al alargarse la esperanza de vida. Los 518 castellanos y leoneses que superaban el siglo de vida en 2001 se habían triplicado la Nochevieja de 2017 hasta alcanzar la cifra de 1.591.

Los indicadores de población aterrizan en Castilla y León desde el INE y no llega de esa casa noticia buena desde hace años. Sí las hubo entre 2001 y 2009. El padrón autonómico ganó en ese periodo casi 70.000 habitantes, pero el efecto demográfico de la crisis traducido en menos nacimientos y éxodo de inmigrantes y paisanos en edad de trabajar ha provocado un boquete en el padrón por el que se han esfumado casi 72.000 ciudadanos. En el último año han causado baja en Castilla y León 16.225 empadronados, según cifras provisionales del INE, y la comunidad es el ejemplo de libro de lo que se ha definido como la España vacía.

La estrategia demográfica autonómica pasó esta legislatura de la Consejería de la Presidencia a la de Empleo. La Junta dio por cumplido el trámite de actualizar las medidas de la Agenda para la Población a finales del verano pasado, buscó aliados en otros territorios para elevar el debate al ámbito nacional y europeo y confió en que el Gobierno de Mariano Rajoy presentará la estrategia estatal que había comprometido para 2017. Esa planificación aún no existe. Herrera calificó a finales de diciembre de «muy insuficientes» los pasos dados por el Gobierno central de su partido para afrontar el «desafío demográfico». Calificación idéntica que la oposición otorga a la Junta.

Tanto el presidente de Castilla y León como sus consejeros han insistido en que el empleo y los servicios públicos son la base para fijar población. El balance laboral ofrecerá un respiro a Junta Vicente Herrera en la parte que toca a la tasa de paro de la comunidad durante los últimos años. Los doce meses que discurren desde junio pasado al momento actual sacan de la lista del Ecyl a casi 15.000 desempleados, que son casi 51.000 si se toma como referencia junio de 2015, con el inicio de la legislatura.

Ahora, ese descenso del paro no se ha visto acompañado este último año por un repunte de la población ocupada. La Encuesta de Población Activa del primer trimestre de2018 contabiliza 957.000 ocupados en Castilla yLeón, 1.500 menos en que en el mismo periodo de 2017 y lejos del objetivo del millón de ocupados que fijaba para 2019 el programa electoral del PP de las últimas elecciones autonómicas. Y a más distancia de los 1.098.300 ocupados que daba la EPA de septiembre de 2007. El listado del Ecyl ofrece oxígeno si se toma como referencia el de 2015 o el de 2017, pero no si la cifra para comparar es la que ofrecía el antiguo Inem (las políticas activas de Empleo de ese organismo fueron transferidas a la región con Herrera como presidente, también la Sanidad) en 2001. Castilla y León presenta entre esa fecha y la actual 45.000 desempleados más apuntados al paro.

Más contundentes son los indicadores en el área de los servicios públicos esenciales, sobre todo en la atención a la Dependencia y los Servicios Sociales y en Educación. El último pleno celebrado este mismo mes y con un orden del día saturado de normas que estaban en lista de espera, incluyó la Ley de la Red de Protección e Inclusión a Personas y Familias en Situación de Vulnerabilidad, que incorpora al sistema social el modelo de atención de emergencia puesto en marcha durante la recesión. Revisión del bilingüismo, protocolos para atajar el acoso escolar presencial y virtual o las medidas para atender los bautizados como colegios gueto con alta concentración de minorías étnicas son algunos de los ámbitos que ha abordado una Consejería de Educación asentada sobre las contundentes evaluaciones del Informe Pisa y con la EBAU única para todo el país como reto.

Más complicado lo tendrá el presidente en el área de Sanidad. El consejero Sáez Aguado ha sido el centro de las críticas de la oposición en el parlamento y de las 'mareas blancas' en la calle. Incluso de instituciones como la Diputación de Salamanca, gobernada por el PP, y con dirigentes de la absoluta confianza de Alfonso Fernández Mañueco, presidente del PP de Castilla yLeón. Lo que más atiza esa polémica son las listas de espera quirúrgicas, con desigualdades profundas entre provincias. 112 días de media en Salamanca frente a los 35 de Palencia. La demora charra ha mejorado en el último año, al igual que la media de la comunidad, pero no resiste la comparación con la situación de principio de la década. La espera de entrar en quirófano en 2011 en Castilla yLeón era de 45 días. En 2018 el promedio es de 73, a lo que hay que sumar la demora de la consulta del especialista y de las pruebas diagnósticas.

Juan Vicente Herrera podrá volver a pedir, como hizo el año pasado, un «esfuerzo» para aprobar los mapas rurales y culminar uno de los proyectos estrella, no ya de la legislatura, sino de su etapa de gobierno. Nada sustancial se ha movido, salvo la aprobación del Área de Benavente en un acuerdo limitadísimo que resalta el amplio desacuerdo que existe sobre el resto. El tiempo se agota en las Cortes para una ordenación territorial que implica ordenar servicios y que requiere en la votación 53 procuradores, lo que hace necesario el apoyo del PSOE.

Sigue en blanco, un año más, la reforma de la financiación autonómica que depende del Gobierno central y arrastra años de demora. Todos los de Rajoy. Sánchez acaba de llegar, pero ya ha dicho que más allá de solucionar «urgencias» región por regiónno habrá reforma integral.