El Grupo Mixto pide la anulación del acuerdo que dejó sin asignaciones económicas a sus procuradores

El escrito sostiene que el acuerdo lesiona el artículo 25 del reglamento de la cámara, que establece que todos los grupos «gozan de idénticos derechos», con las excepciones previstas. Asimismo, asegura que impacta en el derecho fundamental a la representación de los procuradores.

Entienden desde el Grupo Mixto que se trata de una restricción «injustificada, desproporcionada e ilegal» que supone un «impedimento» de las facultades que integran el derecho al ejercicio de los cargos públicos representativos ('ius in officium'), y, por consiguiente, afecta al derecho fundamental de los representantes.

Además, sentencia que la reducción del número de portavoces «compromete las posibilidades de sus procuradores para desplegar las funciones y facultades que el Reglamento de las Cortes de Castilla y León les atribuyen o reconocen».

El escrito expone que consideran contrario a derecho la decisión en virtud de una sentencia del Tribunal Constitucional sobre un acuerdo similar del Parlamento Vasco. Al respecto, indican que la afectación a la igualdad en el disfrute de los derechos de los grupos, que no estuviese cubierta por las excepciones previstas en el Reglamento de las Cortes de Castilla y León, deberá entenderse como una «conculcación de la representación de los procuradores».

En este sentido, el acuerdo de la Mesa del día 7 de abril, afirma, «no expone determinación alguna en materia reglamentaria que imponga la restricción que produce el resultado discriminatorio de privar al Grupo Parlamentario Mixto de un portavoz adjunto».

Asimismo, expone que existe una vinculación o relación entre la representación de los diputados y los «derechos» de los grupos parlamentarios. En este sentido, la adscripción obligatoria en el Grupo Parlamentario Mixto no provoca, a su juicio, la desaparición de la vinculación. Es más, recalca el documento, «por tal obligatoriedad, las facultades 'ius in officium' han de realizarse mediante el grupo parlamentario; razón última por la que los reglamentos parlamentarios imponen la obligatoriedad».

Por lo tanto, concluye la exposición, que «cuáles sean los derechos del Grupo Parlamentario, máxime en comparación con los que disfrutan otros grupos, no es irrelevante en relación con el 'ius in officium' de los diputados».