Las granjas generan purines para abonar el 20% de la superficie cultivable de la región

Según los estudios que maneja la Federación de Asociaciones de Productores de Ganado Porcino de Castilla y León (Ferporcyl), «ese purín que se genera a día de hoy sería suficiente para abonar el 20% de la superficie que se cultiva en la región», asegura el presidente, Miguel Ángel Ortiz, que entiende que esto se debe tener en cuenta como «una ventaja competitiva» para su sector.

En Castilla y León existen un total de 667 instalaciones ganaderas que cuentan con autorización ambiental y son las de porcino las más numerosas, dado que alcanzan las 572, si se atiende a los datos facilitados por la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Solo esas granjas albergan más de la mitad de la cabaña porcina de la comunidad.

Estas mismas fuentes confirman que «como norma general, y casi en su totalidad, la gestión del purín de ganado porcino se lleva a cabo mediante valorización agronómica sobre el terreno como fertilizante, en aplicación del Reglamento Sandach», que es la normativa vigente para la gestión de estos subproductos de origen animal. Añaden que existen modelos de gestión con una finalidad energética, pero que a día de hoy «no resulta representativo». Ortiz recuerda que incluso el Ministerio «habla de subproducto porque tiene un valor haciendo las cosas bien».

No son un problema

En el sector están convencidos de que se trata de un abono «excepcional» a pesar de que es conscientes de que socialmente la gestión de esos purines genera rechazo. «En Castilla y León no hay un problema con los purines, pero siempre hay que pensar en el futuro y ver soluciones viables». Por eso no dejan de visitar proyectos en los que se hacen diferentes gestiones y tratamientos de los purines. El presidente de la federación apuesta por un «crecimiento ordenado de las granjas, sostenible, para aprovechar esa ventaja competitiva», y en ese contexto aclara que «si la granja está en una zona con superficie agrícola, a todos nos sale mejor».

Para que salgan las cuentas, el purín se puede trasladar a unos 25 kilómetros con un camión y a no más de 10 kilómetros con un tractor. A día de hoy, «es un mercado no regulado y cada uno utiliza una fórmula». Algunos ganaderos regalan su purín a cambio de que se lo retiren de la granja, otros cobran cantidades e incluso algunos intermediarios lo sacan de las granjas y se lo entregan a otros agricultores. «El agricultor se ha dado cuenta de que es bueno y competitivo, pues con el abono convencional la hectárea le sale a 120 euros, y con el purín, a entre 60 y 80 euros por hectárea».

En el futuro no descarta que ese nitrógeno del purín vaya a parar directamente a las casas de abonos y llama la atención sobre la necesidad de adaptarse a los cambios de normativa o a las recomendaciones de no abonar durante los meses de julio y agosto debido a los olores que se intensifican con el calor.

La normativa sobre cómo se debe extender el purín para abonar las tierras ha cambiado en los últimos tiempos, lo que ha provocado que los agricultores tengan que adaptar su maquinaria. 2019 está resultando un año de transición para poder conseguir que los equipos estén acordes con la nueva legislación, pero desde el pasado 1 de enero el denominado cañón está desterrado, aunque es cierto que se utilizaba de manera muy excepcional sobre todo por ganaderos de vacuno. Igualmente, deben desaparecer los platos o abanicos y las cisternas deben adaptarse a ese modelo de inyectores que enterrarán el purín para que no entre en contacto con el aire. Existe otro modelo de cuba con bandas que deja el abono orgánico a unos centímetros del suelo.

A pesar de la excepcionalidad para este ejercicio, la distribución de purín solo podrá realizarse cuando la temperatura máxima en el día de la aplicación no supere los 30 grados, y siempre que se entierren en el plazo más breve posible (como máximo, cinco días desde la aplicación, salvo circunstancias excepcionales). En ningún caso se podrán aplicar en recintos con una pendiente media superior al 20%.

El reflejo de todas esas novedades ya se apreció el pasado año en Castilla y León, la comunidad que registró un mayor número de cisternas distribuidoras de purines. Según los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola (ROMA) que maneja el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de los 1.741 equipos que se inscribieron en España, 668 lo hicieron en Castilla y León, el 38%. La urgencia era clara: si no se cumple con la condicionalidad en las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales, el agricultor podría ser sancionado y dejar de percibir la ayuda correspondiente de la Política Agrícola Común (PAC).

«Acelera la despoblación»

Desde la plataforma ciudadana de Pueblos Unidos de la comarca de Tábara, en Zamora, rechazan los pormenores positivos de la actividad de los purines. «En esta zona, ahora mismo solo tenemos una granja de 2.500 animales y nos aguantamos porque es una explotación familiar que siempre ha estado ahí, pero el problema está en que quieren montar otra con capacidad para 4.600 cerdos en Pozuelo y otra para 12.000 en Faramontanos y nuestra preocupación es cómo la tierra va a poder absorber todos esos purines», teme Mercedes Alonso, miembro de la plataforma. «El agua escasea, tenemos diez pozos de sondeo y ahora nos surtimos de dos; el problema sería grave si se llegaran a contaminar a través de la tierra», manifiesta. «Ahora no estamos mal, pero la previsión que tienen para esta zona es hacer más y más».

Mercedes Alonso apunta, además, que «hay agricultores que ponen sus tierras para que se esparza el purín, pero a veces son parcelas ajenas y los dueños no lo saben. Es necesario que se haga un estudio realmente riguroso para ver que las tierras cumplen y no están contaminadas». Asegura que se han «restado bastantes hectáreas, y hay gente que ha firmado para que no se eche purín en sus tierras». En otras comunidades como Cataluña o Aragón «ya han tenido muchos problemas y nosotros nos guiamos por la gente que ya tiene el problema encima.Ganadería ha habido toda la vida, pero esto es una burrada, nos quieren contaminar por uno o dos puestos de trabajo, esto acelera la despoblación».

Por el contrario, la Interprofesional del Cerdo de Capa Blanca (Interporc) insiste en que en el ámbito medioambiental, España aplica el modelo de producción europeo, «que conlleva la legislación más exigente del mundo». «Las granjas de porcino españolas están sometidas a unas exigentes condiciones que permiten minimizar la producción y reducir la carga contaminante, pero además los ganaderos españoles son muy conscientes de que deben aplicar una serie de técnicas encaminadas a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, y contribuir al ahorro de agua y energía en todos los procesos». Según sus datos, el agua total consumida al año por el sector porcino es de unos 54 hm3, lo que supone el 0,05% del total de agua disponible en España.

Emisiones de metano

Por otra parte, las cifras reflejan una reducción de emisiones de amoniaco por kilo de carne producido del 47% y un 54% las emisiones de metano procedentes de la gestión de estiércoles. En total, el peso del sector porcino sobre el conjunto de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero es del 2%. Explican que el excedente de purines puede ser tratado para su transformación en abono o energía eléctrica. En algunas proyectos se está introduciendo como técnicas novedosas separadores de líquidos para aprovechar la fracción sólida en un proceso de compostaje. Otro ejemplo de tratamiento es el de planta de Turégano, Segovia, que reabrirá después de cinco años.

En cuanto al futuro del sector porcino en Castilla y León, las explotaciones pendientes de autorización ambiental son 79; de ellas, 63 se corresponden con procedimientos de autorización ambiental de explotaciones porcinas. Se trata de una autorización ambiental que deben solicitar las explotaciones con más de 2.000 plazas para cerdos de cebo de más de 30 kg o 2.500 de más de 20 kg, y 750 plazas, para cerdas reproductoras.