El Gobierno exige formalmente a la Junta retirar de forma «íntegra e inmediata» las medidas antiaborto de Vox

Este requerimiento también advierte que, en caso de que estas medidas ya hayan sido adoptadas, se cese «de forma inmediata» cualquier «protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto que establezca cualquier tipo de obligación, instrucción, indicación o recomendación al personal sanitario con la finalidad de obligar, indicar, ofrecer o sugerir a la mujer embarazada que ha decidido libremente interrumpir voluntariamente su embarazo o no haya manifestado expresamente su intención de llevar este a término la realización de pruebas no necesarias desde el punto de vista médico».

García-Gallardo anunció este jueves una serie de «recomendaciones» que los médicos deberían hacer a las mujeres que estuvieran en disposición de abortar como la derivación al departamento de salud mental, ecografías en 4D o escuchar el latido fetal.

El Gobierno, a través de un comunicado enviado en la tarde de este domingo, ha anunciado que utilizará «todos los mecanismos del ordenamiento jurídico» para «defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos por la ley».

«El Gobierno de España velará para que no se lleven a cabo acciones que supongan mermas a sus derechos fundamentales en ninguna circunstancia, ni en ningún territorio del Estado, ni por parte de Administración Pública alguna», han señalado, además de insistir en la coordinación entre los ministerios de Sanidad, Política Territorial, Hacienda y Función Pública y Presidencia para establecer las medidas «oportunas».

En esta comunicación desde el Ejecutivo central también se exige que la realización de pruebas diagnóstica en estos casos no contravenga «el conocimiento científico actual y las recomendaciones recogidas en las guías de salud nacionales e internacionales avaladas por las sociedades científicas». Por otro lado, también piden una comunicación «inmediata» al Ministerio de Sanidad de los protocolos e instrucciones que la Junta pretende llevar a cabo.

El Gobierno advierte de que, si el requerimiento no es atendido «íntegra e inmediatamente» por la Junta, no destacan implementar medidas jurídicas puesto que el paquete de medidas antiaborto anunciado por García-Gallardo «pueden contravenir abiertamente el ordenamiento jurídico».

«Se estudiará, si es necesario, ejercer otras acciones legales, dado que la aplicación de las medidas anunciadas por parte de la Junta de Castilla y León podrían vulnerar el ejercicio efectivo de derechos fundamentales y también se extralimitan de las competencias que corresponden a esta Comunidad Autónoma».