El Gobierno remite a la Junta un 'requerimiento de incompetencia' por las normas sobre abortos

Este requerimiento de incompetencia a la Junta de Castilla y León se refiere a cualesquiera actuaciones -incluidas aquellas constitutivas de vía de hecho-, que vulneren o menoscaben los derechos regulados en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, y el RD 1825/2010, de 25 de marzo, que lo desarrolla.

Tras este requerimiento la Junta de Castilla y León tiene un plazo de un mes para contestar al mismo.

Con el requerimiento el Gobierno pretende que la Junta no vaya más allá del acuerdo verbal exteriorizado por el vicepresidente García Gallardo y en el que advertía que las nuevas normas eran de obligado cumplimiento.

Las palabras del vicepresidente, sin embargo, fueron negadas con posterioridad y hasta en dos ocasiones por el presidente de la Junta Alfonso Fernández Mañueco quien, textualmente, aseguró que no se obligará «a nada» y «a nadie», en relación con el colectivo médico.

De este modo el Gobierno de España acordó en la reunión del Consejo de Ministros requerir de nuevo a la Junta de Castilla y León que cese o se abstenga de adoptar cualquier medida que suponga dar instrucciones o recomendaciones al personal sanitario para que ofrezcan pruebas «suplementarias» a la mujeres embarazadas. El nuevo requerimiento, el primer paso antes de acudir al Tribunal Constitucional, se envía a la Comunidad para que se responda en el plazo de un mes.

Así lo trasladó la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en su comparecencia junto a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.

«No vamos a permitir que se retroceda ni un milímetro», dijo Isabel Rodríguez quien garantizó que el Gobierno de España no va a consentir que haya ningún «resquicio» que suponga un retroceso en los derechos y libertades de las mujeres en ningún territorio del país.

La ministra, que presentó la «acción» de su departamento, argumentó que las explicaciones de las autoridades de Castilla y León han sido «contradictorias e insuficientes» y que por tanto la duda persiste sobre las medidas a aplicar en relación a la asistencia a las embarazadas y la interrupción de su gestación, conforme a la ley orgánica de 2010.