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Viernes, 5 de mayo 2023, 14:59
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y la Junta de Castilla y León firmaron un acuerdo para financiar con 4,3 millones de euros la adquisición de 35 viviendas para alquiler social, la mayoría de ellas con actuaciones de rehabilitación incluidas, con ... cargo al Plan Estatal de acceso a la vivienda (PEV) 2022-2025. En total, el Gobierno suscribió convenios con ocho autonomías para liberar 76,3 millones y comprar 568 viviendas. Del presupuesto total en la comunidad, dos millones correrán a cargo del Ministerio y el resto, la administración autonómica.
Con estos acuerdos, suscritos entre finales 2022 y principios de 2023, y que incluyen actuaciones de rehabilitación en 283 de esas 568 viviendas, se impulsa el parque público de vivienda en alquiler social o a precio asequible en varios municipios de estas ocho comunidades autónomas.
Todos los acuerdos se enmarcan en Plan Estatal para el acceso a la Vivienda 2022-2025, que cofinancia, entre otras medidas, el incremento del parque público de vivienda mediante la concesión de ayudas a las comunidades autónomas, así como a sus entidades vinculadas o dependientes, de hasta el 60 por ciento del coste para la adquisición de viviendas que pasen directamente a engrosar el parque público en alquiler asequible o social.
El Plan Estatal da continuidad al ejecutado entre 2018 y 2021 y forma parte del Plan de Vivienda en Alquiler Asequible (PVAA) puesto en marcha por el Gobierno para promover la puesta a disposición de los ciudadanos de viviendas asequibles a través de diferentes iniciativas.
Cuenta con varios programas que articulan la concesión de ayudas al alquiler, la financiación de actuaciones para erradicar la infravivienda y el chabolismo, para mejorar la accesibilidad de las viviendas y promover la regeneración y renovación urbana y rural de zonas degradadas.
Así, prevé un programa de ayuda al alquiler de vivienda, incluyendo medidas especiales para personas especialmente vulnerables, población en situación de vulnerabilidad sobrevenida o jóvenes; otro de incremento del parque público de viviendas; de fomento de viviendas para personas mayores o personas con discapacidad; para alojamientos temporales, de modelos 'cohousing' de viviendas intergeneracionales; un programa de puesta a disposición de viviendas de entidades públicas para su alquiler como vivienda social; otro para la puesta a disposición de las comunidades autónomas y ayuntamientos de viviendas libres para su alquiler como vivienda asequible o social; un programa de mejora de la accesibilidad en y a las viviendas; otro más de ayuda a la erradicación de zonas degradadas, del chabolismo y la infravivienda; y un último sobre el pago del seguro de protección del alquiler.
Para activar los diferentes programas de ayudas en materia de vivienda durante los cuatros años de vigencia del Plan 2022-2025, Mitma ya ha firmado convenios con todas las comunidades y ciudades autónomas, a excepción de País Vasco y Navarra debido a su régimen foral. Estos 17 convenios cuentan con una aportación por parte del Ministerio de más de 1.420 millones de euros.
Las comunidades autónomas, que son las que ostentan la competencia en materia de vivienda, son las responsables de sacar las convocatorias correspondientes a las ayudas públicas establecidas en el marco de este Plan Estatal.
Los destinatarios de las subvenciones pueden ser, según el tipo de programa, tanto personas jurídicas (administraciones públicas, organismos públicos, entidades de derechos público y privado, empresas, fundaciones, entre otras) como personas físicas (propietarios, arrendatarios, personas especialmente vulnerables o que hayan sido objeto de desahucio, personas sin hogar y otras).
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