El Gobierno considera «preocupante» que se plantee un «grave retroceso» a los derechos de las mujeres

La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, calificó hoy como «preocupante» que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, planteara el pasado jueves «un grave retroceso a los derechos de las mujeres» al anunciar un protocolo con medidas que obligarían a los profesionales sanitarios a ofrecer a las mujeres gestantes que deseen interrumpir su embarazo la posibilidad de escuchar el latido del feto o de ver una ecografía 4D. «No hay un protocolo escrito y según parece tampoco verbal, porque no queda constancia de qué es lo que quieren hacer realmente. Es preocupante que quieran proceder a este retroceso en los derechos de las mujeres y que además no sean capaces del mínimo rigor que se exige en asuntos tan importantes», señaló entrevistada en Onda Cero.

«No deja de ser algo alarmante que se despachen con algo que afecta íntimamente a las mujeres, a su libertad, y que también interfiere en los profesionales sanitarios, en una rueda de prensa sin un protocolo escrito. El Gobierno intentó primero tener ese documento, y a través de la vía de hecho hemos conocido que efectivamente tienen intención de aplicarlo. El propio presidente de la Comunidad decía que entraría en vigor este mismo lunes, y por eso ayer llevamos a la práctica el requerimiento», recalcó.

Cuestionada por Carlos Alsina sobre por qué no han esperado a conocer el protocolo escrito antes de plantear un requerimiento como hicieron en la noche de ayer domingo, Rodríguez explicó que «cuando se vulnera la legalidad, como entendemos que está sucediendo, es la propia normativa la que faculta al Gobierno para dirigirse a la administración que lo está haciendo».

«Es como el primer paso, la necesidad de plantear en la vía contencioso administrativa y de manera formal que efectivamente no existe ese documento o que si existe no se está planteando en los términos que hemos conocido a través de los medios de comunicación, porque en ese caso estaría vulnerando los preceptos básicos de cómo ha de afrontar la mujer la interrupción voluntaria del embarazo», detalló en declaraciones recogidas por Ical.

«No han sido capaces de aportar ningún documento al respecto, a pesar de que esto fue comunicado tras una reunión del Consejo de Gobierno de Castilla y León. Estas declaraciones manifiestan que la Junta se propone interferir en la libertad de la mujer y condicionar su decisión», añadió.

Para ella, «esta cuestión no es solo objeto de alarma para el Gobierno, sino para las mujeres y para los sanitarios, que no saben a día de hoy qué tienen que hacer».

En la entrevista, Rodríguez subrayó que «lo que se propone la Junta es interferir en la voluntad de la mujer de manera que condiciona su decisión».

Con el requerimiento, explicó, «el Gobierno intenta evitar que se vulneren los requisitos que claramente recoge la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que se refieren solo a la información a las mujeres de las ayudas a las prestaciones y que tres días después puedan tomar esa decisión».

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