El Gobierno apoyará a las comunidades que pidan el estado de alarma e Igea dice que «nunca es tarde» para reformar la ley

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, reiteró la decisión del Gobierno de que «en este momento no toca» un estado de alarma, si bien anunció en la radio pública vasca que, «si el lehendakari o cualquier presidente autonómico lo plantease» para su comunidad, «el Gobierno lo estudiaría y lo apoyaría». No obstante, el ministro insistió en que, tras la conclusión del estado de alarma el pasado día 9, hay «instrumentos suficientes» para tomar las medidas que eviten la expansión de la pandemia.

El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, aseguró que «nunca es tarde» ante la posibilidad de que el Gobierno retome la reforma de la legislación si el Tribunal Supremo no ratifica las restricciones contra la covid-19 de las comunidades autónomas.

Igea, que presentó en Madrid el Festival Internacional de la Literatura en Español (FILE), respondió así a la idea que plantea el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en una tribuna publica en El País, en la que avanza que el Gobierno reformará la legislación si el Tribunal Supremo veta los decretos de algunas autonomías para mantener el toque de queda o los confinamientos. A la vez, recuerda que los presidentes autonómicos pueden pedir al Gobierno que apruebe decretos de alarma solo para sus territorios.

«Es un buen momento para despertarse de la siesta», afirmó el vicepresidente de Castilla y León, quien criticó que el Ejecutivo no haya cumplido el compromiso asumido con Ciudadanos hace 15 meses, cuando apoyó la prórroga del estado de alarma, de iniciar las reformas necesarias para contar con instrumentos legales para no tener que recurrir a esta figura constitucional.

Asimismo, Igea repitió que si el Tribunal Supremo avala las restricciones de las comunidades que han recurrido el fallo en contra de sus tribunales superiores analizarán si adoptan alguna medida. «Lo veremos, a ver que ocurre», dijo. Además, insistió en que en octubre la Junta estableció un toque de queda que no ratificó la justicia al no estar vigente el estado de alarma y en enero, cuando se amplió dos horas, el Supremo tampoco lo avaló, a pesar de que la situación era «peor».

De esta forma, el vicepresidente aseguró que la Junta no puede dictar normas sabiendo que la justicia les ha dicho que no lo pueden hacer, porque aseguró que eso tiene un nombre, que es la prevaricación. Además, negó que una comunidad pueda solicitar el estado de alarma, porque indicó que está previsto cuando la amenaza o la situación de riesgo afecta solo al interior de su territorio, mientras ahora nueve autonomías tienen una incidencia muy alta.

Por tanto, Igea apuntó que el Gobierno de España «tiene que gobernar», asumir «responsabilidades» y el «coste» de medidas impopulares, porque indicó que quien no lo hace es un «irresponsable». Además, aseguró que el país tiene que entender que lo que no puede ser es que el Ejecutivo central sucontrate la labor de gobierno a las comunidades autónomas o al Tribunal Supremo. «El Gobierno tiene que gobernar», sentenció en declaraciones a la prensa.

En el PP, sin embargo, siguieron apostando por el denominado 'plan B', la ley de pandemias para limitar derechos fundamentales sin necesidad de recurrir a la legislación de excepción, aunque sea solo por territorios. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, garantizó el apoyo del principal partido de la oposición a esa hipotética nueva normativa que, según dijo, «en 15 días puede entrar en vigor». «Nosotros tenemos registrada una propuesta. El Gobierno debería pensar más en propuestas útiles que en de quién parten. Les cedemos el plan con tal de que este desaguisado se solucione», afirmó el número 2 del PP.