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El actual director de la Fundación Caja Burgos, Rafael Barbero Martín, ha defendido, ante la comisión parlamentaria que investiga la gestión y causas de la desaparición de las cajas de Castilla y León, la decisión que tomó en 2008 la entidad burgalesa de no ... integrarse en la supracaja regional que promovía la Junta de Castilla y León como 'músculo financiero' de la comunidad y que, finalmente, no llegó a buen puerto.
Rafael Barbero, que fue nombrado director general en julio de 2011, dos años después del crac inmobiliario y cuando ya estaba en marcha la reorganización bancaria, ha sostenido esta mañana durante su comparecencia en las Cortes que la fusión con Caja España y Caja Duero «habría sido poner los huevos en la misma cesta» y «agravado el problema», motivo por el que se optó por integrarse con otras tres cajas de fuera de la comunidad en Banca Cívica (Caja Burgos, Caja Canarias, Caja Navarra y Cajasol), hoy diluida en Caixabank.
El primer compareciente de la mañana ha explicado, a preguntas de los portavoces, que «veíamos que iban a sumarse entidades donde los deudores eran los mismos e íbamos a concentrar todos los riesgos en ese sector (inmobiliario), lo que no iba a permitirnos llegar a niveles de mejora para afrontar lo que nos venía por delante. Fusionar las cajas regionales era generar un problema más grave y no favorecía el futuro de Caja Burgos».
El compareciente, que fue miembro del comité de dirección de Caja Burgos hasta finales de 2011, considera que la mayor repercusión de la absorción de las cajas en Castilla y León «no es tanto financiera, sino que la mayor pérdida está en la obra social». Puso como ejemplo que, antes de la crisis, en 2005, el conjunto de las cajas en España movían una inversión social conjunta de 1.338 millones de euros -es casi la mitad de de lo que recibía España en fondos europeos, unos 2.000 millones-, mientras que en 2016, la inversión de la obra social de las cajas descendió a 800 millones, más del 40%. «Estoy hablando de atención a personas en riesgo de exclusión, con discapacidad, obras sociales, culturales y de medio ambiente», ha puntualizado.
En este extremo de que la obra social ha sido la gran perjudicada de la reestructuración bancaria coincidió el segundo compareciente, presidente de la comisión de control de Caja Ávila, Fernando Martín Fernández, quien sin embargo no ha admitido ante la comisión que en esa entidad, que optó por integrarse en Bankia, «se hubieran hecho las cosas mal o de forma ilegal».
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