Francisco Igea destaca que la contribución de la Junta con la memoria histórica es un asunto de «justicia elemental»

Una contribución de 92.000 euros de la Junta a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de Valladolid que ha permitido la financiación de los trabajos llevados a cabo tanto en la bodega como en el conocido como 'pozo de los horrores' de la Casa de los Alfredos. «Si hay algo de lo que estamos legítimamente orgullosos en la Junta es haber contribuido, desde hace muchos años, a un acto de justicia elemental por que ya es hora que los hijos y nietos puedan enterrar dignamente a sus ancestros», añadió. En principio, según comentó Igea, es que estas personas asesinadas sean enterradas juntas, por expreso deseo de las familias.

Además, el consejero de Transparencia señaló que hay una «urgencia» para elaborar el Mapa de la represión, junto a la Universidad de Burgos (UBU), antes de que se pierda la memoria de estas personas que fueron perseguidas y asesinadas por las tropas que se alzaron contra la República y del régimen franquista.

En enero de 2019, el Consejo Técnico de la Memoria Histórica de Castilla y León realizó un primer informe acerca del proyecto de excavaciones en esta finca de Medina del Campo, junto con la correspondiente autorización de la Junta de Castilla y León y una subvención de 52.800 euros. Y con un segundo informe y una segunda autorización del Gobierno autonómico, ya en julio de 2020, se formalizó el proyecto de trabajos de la ARMH Valladolid sobre el pozo los Alfredos financiado con 39.400 euros por parte de la administración autonómica. «La asociación sabe que va contar con nuestra ayuda y vamos a poner todos los medios necesarios. Hemos avanzado mucho y el Gobierno central, por fin, contribuye económicamente con estas excavaciones», expuso.

Tras seguir con atención las explicaciones del presidente de la ARHM de Valladolid y director de las excavaciones en la Finca los Alfredos, Julio del Olmo, el vicepresidente de la Junta confesó que se trata de un lugar «estremecedor» al saber que se mataron, de una manera cruel, decenas de personas por sus ideas y convicciones. «Es una barbaridad inadmisible lo que ocurrió aquí hace 85 años», significó en presencia del secretario general de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, José Miguel García, y el presidente del Consejo Asesor de la Memoria Histórica, Ángel Hernández. Del Olmo agradeció el compromiso de la Junta, quien ha colaborado con lo que solicitó la asociación, «ni un euro más ni un euro menos».

Del número total de personas localizadas en la zona, 26 han aparecido en la antigua bodega y otros 37 en el pozo, a una profundidad de más de 30 metros, donde fueron arrojados los cuerpos de hombres y mujeres e incluso algún menor de edad.

Desde 2018, se han recuperado del interior del pozo cuerpos enteros, al sacarse de forma individual, ya que su estado de conservación era muy bueno. De ahí que la mayor parte tenga los cráneos completos, el cuero cabelludo y dientes de oro además de haber recuperado sus ropas y sus pertenencias como las tabaqueras, con el tabaco en su interior.

Durante los próximos 15 días se procederá al cribado de la tierra extraída del pozo para encontrar huesos pequeños de los cuerpos de las personas, como de las manos y los pies. Posteriormente, será el turno de la antropóloga forense que llevará a cabo el trabajo de laboratorio. «Será el momento de estimar la edad de las personas, los sexos y los traumatismos que presentan», precisó hace unos días el presidente de la ARMH.

Del Olmo explicó que uno de los objetivos de estas exhumaciones es tratar de identificar a las personas que fueron fusilados y arrojados a una fosa común. Para ello será necesario realizar pruebas de ADN en los laboratorios privados, lo que supondrá un coste importante. En la actualidad, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica tiene contabilizados 10.500 nombres de represaliados en la provincia, de los que 2.647 fueron asesinados y cuyos nombres aparecen inscritos en el monumento instalado en el Cementerio del Carmen, de la capital vallisoletana.

La teoría que maneja la ARMH es que los represaliados por el ejército falangista fueron enterrados en la bodega y pozo del caserío Los Alfredos entre agosto y septiembre de 1936. Una finca que todo hace indicar que en esa fecha estaba abandonada, a raíz de la filoxera de la vida de principios del siglo XX. Los soldados, pertenecientes a un cuartel de la localidad, que arrojaron los cadáveres de los represaliados en varias fases llegaron a sellar el pozo de la bodega e incluso lo cubrieron de vísceras de animales y cal para disimular el posible olor de los cuerpos.