Fomento dedicará casi 30 millones en ayudas al alquiler y el incremento del parque público de viviendas

El consejero cifró el volumen de recursos en 585,27 millones de euros gestionados directamente por la Consejería y por su sector público. Esta Consejería, añadió, es la que tiene mayor peso en las cuentas públicas, al margen de las sociales, con un incremento de un 5,33 por ciento respecto al último presupuesto aprobado, el de 2018. Una partida, dijo, que «tiene carácter ampliable una vez se concreten» los recursos de los Fondos de Nueva Generación, procedentes de la UE, que permitirá beneficiar 38 proyectos de Castilla y León.

Además del fomento del alquiler, Suárez-Quiñones expuso como algunos de los pilares de las cuentas la extensión de la banda ancha en el medio rural, que casi triplica la inversión; la prevención de incendios forestales, con un presupuesto aumentado en tratamientos selvícolas preventivos en un 42 por ciento; y la depuración de aguas, con un incremento del 33 por ciento.

Así, en materia de vivienda social y en el marco de los 9,47 millones para el parque público de alquiler, explicó que la Junta dirigirá 4,4 millones, entre cuyas actuaciones concretó la rehabilitación del edificio de la Casa Cuartel del Puente Colgante, en Valladolid, para su destino final a 63 viviendas en alquiler para jóvenes. También destacó las subvenciones a medidas otras administraciones o entidades, con importes de un millón de euros para la promoción de viviendas en alquiler por los ayuntamientos de Salamanca y Valladolid, además de la Fundación VideBurgos, en el marco del Plan Estatal, y otros 3,9 millones destinados al Programa Rehabitare, que experimenta un significativo incremento (casi el doble que en 2018) gracias a las aportaciones que harán las nueve diputaciones provinciales.

Por último, 3,42 millones se encauzan hacia la nueva línea de actuación puesta en marcha recientemente, a través de Somacyl, de promoción de viviendas en el medio rural para jóvenes con una ayuda a la entrada del 20 por ciento del precio de adquisición y a la rehabilitación de viviendas protegidas titularidad de la Junta. Suárez-Quiñones destacó también la relevancia de la dotación de 11,2 millones destinadas a obras de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, subvenciones que continuarán desarrollándose vía ARRUS y ayudas a la rehabilitación edificatoria.

El consejero destacó la «importante contribución» a la ejecución de planes de dinamización de los Municipios Mineros y de la provincia de Soria, a los que la Junta destina un importe global de 15,2 y 17,4 millones de euros, respectivamente. De ellos, casi la tercera parte, un 33 por ciento, es aportada por la Consejería. «Esto contribuye de forma relevante al desarrollo y diversificación de la actividad económica y del empleo en las cuencas mineras, así como al impulso de la actividad económica y la fijación de población en Soria», espetó Suárez-Quiñones.

Durante su intervención ante los procuradores, el consejero sostuvo que 2021 será el año de «la banda ancha en el medio rural» autonómico, con un presupuesto reservado para avanzar en la modernización y digitalización de 21,45 millones. Fomento y Medio Ambiente acometerá también la mejora de los recursos y servicios TIC (tecnologías de la información y la comunicación) de la Junta y de la administración electrónica, con una inversión de 8,1 millones de euros, para implantar las infraestructuras necesarias con el fin de garantizar la disponibilidad y seguridad de los sistemas informáticos y -»perfeccionar la gestión electrónica de los expedientes apostando por las tecnologías de robotización de procesos y por las herramientas de Big Data para facilitar la toma de decisiones basadas en el análisis de datos», dijo. Suárez-Quiñones anunció también la reforma integral del Centro de Proceso de Datos del Centro de Supercomputación de Castilla y León, SCAYLE, para ampliar y modernizar su espacio físico, incrementar su capacidad de cálculo y mejorar la prestación de servicios de la Red de Ciencia y Tecnología en la que se incluye, para lo que se ha dispuesto un presupuesto de 2,85 millones.

El consejero informó además que el presupuesto destinado a carreteras asciende a 96 millones y adelantó que la prioridad es la conservación del patrimonio viario de titularidad autonómica, con proyectos por importe de 58,3 millones de euros, que se destinarán a conservación ordinaria, obras de refuerzo y renovación y actuaciones de señalización y de seguridad vial.

De ellos, expuso, cobra especial relevancia la dotación de 22,87 millones para el mantenimiento integral de la autovía León-Burgos y para la atención de los compromisos derivados de la concesión administrativa de la León-Segovia.

Especial mención recibieron por parte del consejero las infraestructuras vinculadas al ciclo del agua, que crecen un 33 por ciento, con 33,65 millones, es decir, 8,4 más que en 2018. «El objetivo principal es avanzar en el diseño, ejecución y explotación de las infraestructuras de depuración de los municipios con población inferior a los 2.000 habitantes equivalentes», comentó Suárez-Quiñones, quien citó también la depuración en espacios naturales, con ejecución de los respectivos sistemas en Montaña Palentina, Babia y Luna y Vegacervera, todo ello con el fin de «mejorar la calidad de las aguas y alcanzar los objetivos fijados por la normativa europea».

El presupuesto previsto para depuración alcanza los 29,8 millones, que permitirán también la continuación de actuaciones ya en marcha y el inicio de otras nuevas: colector en Valderas, emisario y EDAR en Collado Hermoso y mejora de la EDAR de Villadangos del Páramo, así como continuar con la ejecución del programa de control analítico de aguas residuales.

En materia de abastecimiento, con un presupuesto de 3,85 millones, la Consejería mantendrá la línea de colaboración con las diputaciones provinciales para garantizar el suministro inmediato de agua potable ante situaciones de escasez y la colaboración con los ayuntamientos mediante la ejecución de infraestructuras que permiten aumentar la capacidad de abastecimiento y su regulación.

El consejero se detuvo en las inversiones destinadas a la protección, mejora y dinamización del sector forestal, que ascenderán a 94 millones de euros, un 20 por ciento más que en 2018. De ellos, «prioritaria atención» tendrá la lucha contra incendios forestales, con 64,86 millones, lo que «permitirá continuar incorporando mejoras en el operativo: «Esto supone el incremento del tiempo de contratación de las cuadrillas terrestres de prevención y extinción, pasando de una media de 7,3 meses por cuadrilla en 2020 a 7,5 en 2021 para las 111 cuadrillas existentes; elevar el tiempo de contratación de las cuadrillas helitransportadas, buscando un equipo permanente de prevención y extinción, con 5,88 millones, que se suman a los 8,32 destinados a la contratación de medios aéreos; y la consolidación de los tiempos de trabajo del personal fijo discontinuo de autobombas y puestos de mando, con un gasto de 12,65 millones», desgranó Suárez-Quiñones.

El resto de la partida contra incendios se dirige a tratamientos selvícolas preventivos, que experimentan un incremento cercano al 42 por ciento, significó el consejero, con casi 23 millones de euros. El Programa de Desarrollo Rural y las distintas líneas de ayudas forestales absorben otra importante partida de 41,2 millones de euros, «dando un notable impulso a la finalización del programa, que alcanzará una ejecución del 85 por ciento».

La educación ambiental contará con dos millones. Suárez-Quiñones avanzó que en 2021 se procederá a la evaluación de la II Estrategia de Educación Ambiental para su renovación e impulso, con participación de los agentes interesados; y la sanidad de las masas forestales frente a plagas y enfermedades forestales, «otra de las grandes amenazas para el patrimonio forestal», dispondrá de 1,9 millones.

La inversión en el área de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, sostuvo el consejero, cuenta con una dotación de 15,36 millones para la prevención y control de la contaminación atmosférica, asegurar el funcionamiento de la Red de Control de la Calidad del Aire, la ejecución del programa de recuperación y mejora ambiental de áreas degradadas. También el desarrollo del Plan Integral de Residuos de Castilla y León y el control y gestión de suelos contaminados.

En cuanto a la gestión de la caza y de la pesca, Suárez-Quiñones confió en la futura aprobación en las Cortes de la Ley de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León, a la que, anunció, «se dedicarán las partidas necesarias para la puesta en marcha de las medidas en ella contempladas, entre otras, los instrumentos de planificación cinegética».

El consejero avanzó también que las cuentas para 2021 permiten reactivar el desarrollo del PEMA –Parque Empresarial del Medio Ambiente, en la provincia de Soria- con una dotación de 3,5 millones de euros. Y se detuvo en el Servicio de Protección Civil, «tan necesario en estos últimos meses», con un presupuesto que crece un 19 por ciento y contará con un volumen global de recursos de 14,5 millones de euros. De ellos, 8,3 millones son para el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, cuyas salas de atención de llamadas «han sido objeto de una notable adaptaciones tecnológicas y operativas para aumentar su capacidad de respuesta, ante la situación de pandemia», con más de 30 puestos de trabajo.