La Fiscalía General del Estado ha autorizado a la de Valladolid a ampliar las diligencias de investigación sobre el pucherazo de Ciudadanos en Castilla y León por seis meses más, para dar tiempo a que los técnicos que se ocupan de analizar el ... contenido de los ordenadores de la formación política concluyan su informe. En principio, para el ministerio público se establece un plazo máximo de duración de las diligencias de seis meses (a excepción de las investigaciones de la Fiscalía especializada contra la corrupción y la criminalidad organizada, que tienen un plazo de doce meses). Poco antes de agotarse ese primer plazo, la Fiscalía vallisoletana remitió un oficio a la FGS para solicitar más tiempo, una petición que ha sido aceptada.
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En este tiempo de prórroga, la fiscal jefe, Soledad Martín, espera que la empresa especializada que está desentrañando los ocho servidores de Ciudadanos pueda concluir su trabajo y así disponer de un informe que será decisivo para tomar la decisión de archivar o seguir con el procedimiento y llevar el asunto al juzgado.
El ministerio público de Valladolid recibió el pasado mes de abril la documentación solicitada a Ciudadanos para investigar la denuncia anónima interpuesta el pasado 18 de marzo por presuntas irregularidades en el proceso de primarias de la formación, que acabó con la elección de Francisco Igea como candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León en detrimento de la expresidenta de las Cortes y veterana política, hasta entonces bajo las siglas del Partido Popular, Silvia Clemente.
Esta documentación fue requerida el 28 de marzo y el candidato que es hoy el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, se personó en la Fiscalía. Ahora, cuando está a punto de cumplirse el plazo de seis meses para estudiar el asunto y decidir si hay indicios suficientes como para derivar el caso del pucherazo a un juzgado, el Ministerio Público acaba de recibir la autorización a la prórroga de seis meses más.
En el expediente entregado por Igea a la Fiscalía figuran, entre otros documentos, el acta de las votaciones, el acta de garantías, la revocación del acta de garantías y el sistema de voto. Se está a la espera de que técnicos de una empresa madrileña especializada en tecnologías desentrañe los ocho servidores de los ordenadores de Ciudadanos para averiguar la autoría de la manipulación electrónica del voto a favor de la expresidenta de las Cortes de Castilla y León Silvia Clemente, que entonces era la candidata preferida por el aparato nacional del partido de Albert Rivera.
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