La Fiscalía tiene en sus manos el futuro de la causa por la venta de 313 todoterrenos de la Junta

El Ministerio Público deberá examinar la documentación y resolver, de entrada, si procede el sobreseimiento o si aprecia indicios de delito en el proceder de la administración autonómica. De darse esta última circunstancia también debe pronunciarse sobre si la causa se mantiene de forma íntegra en el actual juzgado de Instrucción o si por el contrario debe ser investigada de manera individual por juzgados diferentes en cada una de las nueve provincias de la comunidad al tratarse de ventas realizadas en su día (2018 y 2019) por las diferentes delegaciones territoriales, según informaron fuentes judiciales.

La causa, en el caso de continuar adelante, implicaría el inicio de una segunda fase de instrucción con la toma de declaración de posibles investigados y la realización de nuevas pruebas.

El parón, y el consiguiente atasco de los juzgados, causado por la declaración del estado de alarma invita a pensar que el dictamen de la Fiscalía puede demorarse en el tiempo al no tratarse de una causa preferente (con preso...). El juez, de entrada, apreció la posible existencia de los citados delitos de prevaricación y malversación a raíz de las pesquisas elaboradas por los guardias civiles, que comenzaron hace un año al detectarse en Ávila un todoterreno vendido por la Junta, y que debía ir destinado al desguace, circulando en manos de un particular.

La fase inicial de diligencias previas sobre la causa está ya concluida a expensas solo de la resolución de la acusación pública. El objeto de la investigación radica en determinar si la flota de vehículos de los guardas forestales, un servicio dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones, fue enajenada de manera irregular al ser vendida de forma directa a concesionarios y desguaces por lotes en cada una de las delegaciones territoriales y a precios aparentemente irrisorios que oscilaban entre los 600 y 800 euros (700 euros de media), cuando su valor real de mercado ronda los 9.000 euros. De manera que los 313 todoterrenos, en su mayoría Land Rover Defender, así como algunos Suzuki y Nissan, fueron vendidos por lotes por un valor de 220.000 euros cuando su valor real en el mercado de segunda mano era de 2,8 millones de euros.

El juez, de entrada, investiga «si se ordenó (no se sabe quién) dividir lotes de coches por provincias para evitar que su valor superase los 30.000 euros con el fin de evitar acudir al procedimiento de subasta pública, como hubiera sido preceptivo» y proceder así a su adjudicación directa. El caso es que los vehículos en cuestión están ahora a la venta por precios que oscilan entre los 4.000 y los 18.000 euros. 210 de los 313 todoterrenos sí podían ser vendidos por las empresas que los adquirieron y el resto (103) debían ir destinados al desguace. Precisamente uno de estos últimos fue detectado circulando y dio origen a las pesquisas.