Finaliza la temporada de caza menor, primera y última bajo una ley exprés

De este modo, la campaña que ahora expira ha estado legislada por primera y última vez, por la modificación de la Ley de Caza que aprobaron las Cortes en marzo de 2019 y que permitió el desarrollo de la actividad cinegética con normalidad en la comunidad. El presidente de la Federación de Caza de Castilla y León, Santiago Iturmendi, señala que la nueva norma «debería entrar en vigor antes de que comience la media veda (mediados del mes de agosto) y así termina la vigencia de una ley exprés, que tenía muchos vacíos pero que era necesaria».

Hay que recordar que toda esta situación viene derivada de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), conocida en febrero de 2019, por la que se anulaba de manera cautelar el Reglamento de Caza de Castilla y León. Varios días después se hizo público que esta misma sala anulaba la Orden de caza de 2018.

Para salvar este problema y que se pudiera seguir cazando a la Junta no le quedó más remedio que impulsar la modificación de esta ley de 1996 que tuvo el visto bueno de las Cortes pero, desde el principio, parecía claro que era necesaria una reforma más en profundidad.

El pasado mes de diciembre se puso a disposición del público en general el documento con el que trabaja la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para dar forma a esa Ley de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León y hasta el pasado 17 de enero permaneció abierto el plazo para presentar alegaciones a la misma. De momento, no se ha cuantificado el número exacto porque no existe una única vía para hacer llegar esas alegaciones pero en el listado de las personas o entidades que han hecho sus aportaciones están desde las organizaciones profesionales agrarias hasta asociaciones ecologistas pasando por la Federación de Montaña.

El trabajo de la Consejería es, a partir de ahora, el de analizar una a una esas alegaciones y decidir cuáles admite dentro de lo que se puede considerar como «razonable». De cualquier modo, a todos los alegantes se les informa de si se han aceptado o no para continuar con la tramitación. El siguiente paso es someter el proyecto a informe del Consejo Regional de Medio Ambiente, después se somete al informe del CES, de la dirección de los Servicios Jurídicos, al Consejo Consultivo y, por último, a la Comisión de Secretarios y al Consejo de Gobierno que es quien aprueba el texto definitivo del Proyecto de Ley para enviarlo a las Cortes. Iturmendi es de los que piensa que con esta nueva ley «se dan pasos hacia adelante, la finalidad es que se cace más y mejor, siempre buscando el equilibrio», al tiempo que reivindica que la Federación a la que representa «tenga un papel prioritario porque somos los principales compañeros de viaje».

Mantiene Iturmendi que el diálogo con la administración es constante y en relación al tema de las alegaciones o peticiones que hacen otros colectivos insiste en conocer «¿cuál es el plan B de los anticaza? No dicen nunca la alternativa, cómo se equilibran los ecosistemas sin caza».

Así, un total de nueve asociaciones ecologistas de Castilla y León que han presentado alegaciones a este proyecto de ley manifiestan su oposición porque «el objetivo es blindar la caza de la tutela judicial a la que tenemos derechos los ciudadanos y aumentar los privilegios del sector cinegético y, especialmente, del sector vinculado a la caza intensiva». En su opinión, ese anteproyecto «no permite la compatibilidad de la caza con la conservación de la naturaleza, el bienestar animal y dificulta el disfrute del medio ambiente por la sociedad», concluyendo que «declara especies como cinegéticas y épocas de caza sin adecuada justificación».

En el caso de las organizaciones profesionales agrarias a lo largo de esta semana analizarán sus alegaciones con los responsables de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Algunas de ellas buscan aclarar quién es el responsable de los posibles daños de las especies cinegéticas.