Familia pide aportaciones a la ley de residencias y Podemos exige su retirada para no repetir los errores

En la sesión de control al Ejecutivo del pleno de las Cortes, la consejera defendió que el anteproyecto surge del consenso y de la búsqueda del acuerdo entre quienes formaron parte del grupo de trabajo constituido para elaborar la nueva norma. Sin embargo, la procuradora 'morada' afirmó que es una ley «de parte» de la patronal, que solo recoge los planteamientos de los grandes gestores de los centros residenciales.

En ese sentido, la consejera destacó que recoge como puntos en común que la atención debe estar centrada en la persona, la eliminación de sujeciones, la formación de los profesionales en esta materia, las unidades de convivencia o que las residencias son viviendas y no centros sanitarios. También destacó que la ley plantea reforzar la inspección e implantar un sistema de control de calidad, ratios ajustados a las necesidades, entre otras.

Isabel Blanco aseguró que no figuran algunas aportaciones porque iban en contra de lo planteado por la mayoría o porque debían figurar en desarrollos reglamentarios posteriores. Además, sobre las ratios, insistió en que está pendiente de acreditación por el Sistema de Atención a la Dependencia, puesto que el Consejo Territorial, recordó, ha conformado un grupo para estudiarlo.

La procuradora de Podemos denunció que la ley deja fuera la necesidad de contar con profesionales sanitarios, a pesar de lo sucedido con la covid, en las residencias y advirtió de que si estos profesionales no quieren trabajar en estos centros es porque las condiciones no son equiparables a las de Sacyl. A su juicio, este personal «no quiere ser explotado», dijo.

También se refirió a los ratios y a que las auxiliares tiene una «sobrecarga» de tareas. Además, denunció que la Comunidad apuesta por un modelo privado, en el que el 67 por ciento de las plazas son privadas y un 33 por ciento públicas y concertadas, de las que más de la mitad son concertadas. Finalmente, la consejera precisó que el 80 por ciento están cofinanciadas con fondos públicos.