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El instructor del caso Perla Negra y los terrenos del Parque Empresarial de Portillo ha retomado este lunes las declaraciones de investigados con la declaración del constructor Luis Antonio Recio García, que fue accionista de la sociedad Parque Empresarial Portillo, la promotora del ... polígono que iba a construirse en el término de ese municipio vallisoletano, un proyecto que fracasó. Según ha declarado Recio, que fue administrador y socio de Cementos La Bureba, empresa que entró como accionista de Parque Empresarial Portillo comprando la parte de Urban Proyecta, la viceconsejera de Economía, Begoña Hernández, dudó de la viabilidad de la operación de compra de las parcelas y reajustó el precio a la baja, así como las condiciones del convenio marco suscrito entre estos propietarios del suelo y la Junta. Según ha relatado el empresario, cuando la viceconsejera se mostró reacia a adquirir todos los terrenos, los dos 'negociadores' de la sociedad Parque con la Junta, los también investigados Luis Ángel Rodríguez Herrero y Carlos González Maestro, manifestaron en una reunión del consejo de administración que «habría que hablar con el gran jefe», en alusión al entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, tal y como aclaró a preguntas de la fiscal. Recio afirmó que, tras esa reunión, «se solucionaron todos los problemas para llevar a cabo la venta».
Antes de Recio prestó declaración José Manuel Jiménez Blázquez, que fue vocal del consejo de administración de ADE desde 2008 hasta 2015 y en la actualidad ocupa el cargo de director general de Calidad Ambiental de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Jiménez ha señalado que dicho consejo estaba desposeído de facultades y que era el exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, «quien llevaba todos los asuntos predeterminados» a las sesiones, como habría ocurrido con la operación del edificio Perla Negra. El investigado, que en el consejo de administración de ADE figuraba en representación de la entonces consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, ha declarado que cuando se planteó la operación de arrendamiento y posterior compra del edificio de Arroyo de la Encomienda él manifestó que era preferible comprar a alquilar, siempre que la operación no endeudase a la sociedad, y así consta en acta. Respecto de los terrenos de Portillo, a preguntas del juez, ha reconocido que la operación tuvo un gran impacto en las cuentas anuales y supuso una descapitalización de la sociedad.
El Juzgado de Instrucción 2 de Valladolid, que investiga si se produjeron sobrecostes ilícitos,malversación y cohecho en las operaciones de compra del edificio de la Junta en Arroyo y en los terrenos de Portillo, tiene previsto continuar con las declaraciones de investigados la semana próxima.
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