El Estatuto de Autonomía cumple diez años

La llegada al gobierno de la nación del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, en 2004, supuso un espaldarazo a las propuestas de aquellas Comunidades de «primer nivel», esto es, las primeras en llegar al techo competencial (Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía), de desarrollar las correspondientes reformas estatutarias. Al resto, como suele ocurrir en estos procesos, no le quedó otro remedio que subirse al redil reformista, si bien es cierto que en casos como en Castilla y León, desde presupuestos muy distintos a los de Cataluña y País Vasco. En efecto, la reforma planteada por el gobierno presidido por Juan Vicente Herrera apostaba por conjugar el máximo nivel de autogobierno con la lealtad constitucional.

Tras alcanzar un acuerdo con el Partido Socialista de Castilla y León, liderado entonces por Ángel Villalba, el debate del Estado de la Región de junio de 2005 fue el momento elegido por Herrera para desvelar las dos notas sustantivas de su propuesta reformista: la plena gestión de la cuenca del Duero y la creación de una comisión bilateral Estado-Castilla y León como foro para encauzar las relaciones entre las dos administraciones.

La manera de trabajar consistió en crear una comisión no permanente en el seno del Parlamento regional, que escucharía a los principales representantes sociales y económicos, y una ponencia o grupo de trabajo integrado por diez procuradores del PP y seis del PSOE, liderada por el entonces portavoz popular en las Cortes, José Antonio de Santiago-Juárez, hoy consejero de la Presidencia, y asesorada por los profesores de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, Óscar Sánchez, que además era procurador del PSOE, y Fernando Rey, hoy consejero de Educación, con el asesoramiento del letrado Edmundo Matía.

Los 78 procuradores de PP y PSOE, representados respectivamente por sus portavoces, José Antonio de Santiago-Juárez y Ángel Villalba, aprobaron el texto en el pleno de las Cortes regionales de 29 de noviembre de 2006; solo votó en contra Joaquín Otero, representante de la Unión del Pueblo Leonés. El 17 de abril de 2007 salía adelante en el Congreso de los Diputados la toma en consideración, en la que, de forma novedosa, intervino en su defensa el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. La aprobación definitiva en la Cámara Baja se verificó el 30 de octubre de ese mismo año por 299 votos a favor y 13 abstenciones (siete del PNV, cuatro de IU, el diputado de la Chunta Aragonesista y el de Nafarroa Bai, ambos del Grupo Mixto). El paso definitivo, no exento de contenido simbólico, se dio en el Senado el 21 de noviembre de 2007, cuando, por 250 votos a favor y 2 abstenciones (un senador del PNV y otro del BNG), Castilla y León se convertía en la sexta Comunidad en aprobar su reforma estatutaria después de Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares y Aragón.

¿Qué novedades presenta la Ley Orgánica 14/2007, de 30 noviembre 2007 de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León en relación con las dos anteriores, las de 1994 y 1999? La más inmediata aparece en su preámbulo, que define a esta región como «una comunidad histórica y cultural que tiene su origen en los antiguos Reinos de León y de Castilla», y que «ha contribuido de modo decisivo a la formación de España como Nación».

El nuevo texto exalta la lengua castellana, expresa la voluntad de proteger el 'lleunés', fija el 23 de abril como día para celebrar la fiesta oficial de la Comunidad, y aporta un amplio catálogo de derechos y deberes de los castellanos y leoneses: reconoce a los extranjeros «con vecindad administrativa en la Comunidad» los mismos privilegios que al resto de los residentes en Castilla y León «en los términos que establezcan las leyes que los desarrollen», asienta los pilares de la asistencia a las personas dependientes y se determina que los ciudadanos en situación de exclusión social dispongan de una «renta garantizada de ciudadanía». También afirma el derecho a la no discriminación por razón de sexo, haciendo especial mención a las acciones en favor de las víctimas de la violencia de género.

Además de incorporar el Consejo de Diálogo Social, de fijar la dimensión exterior de la Comunidad, la Comisión de Cooperación entre ésta y el Estado y las relaciones con la Unión Europea, introduce otras novedades competenciales: junto a la posibilidad futura de crear un cuerpo de Policía autonómico, garantiza que Castilla y León pueda negociar ante el resto de comunidades y el Gobierno un sistema de financiación autonómica que permita disponer de los recursos suficientes para pagar la prestación de los servicios públicos, no sólo los básicos, remarcando que se ponderarán adecuadamente los factores de extensión territorial, dispersión, baja densidad y envejecimiento de la población, garantizando así la suficiencia financiera de Castilla y León.

Pero la mayor aspiración, apuntada ya en reformas anteriores, era conseguir la gestión de la Cuenca del Duero, prevista en el artículo 75.1. Este dejaba claro que se trata de una competencia de desarrollo legislativo y ejecución que afectaría a «las aguas de la cuenca del Duero que tengan su nacimiento en esta región y deriven a Portugal sin atravesar ninguna otra comunidad autónoma», y que se ejercería «sin perjuicio de la planificación hidrológica de competencia del Estado». Todo lo dicho se traduciría en la asunción, por parte de la Junta, de diversas funciones de la Confederación Hidrográfica del Duero.

Sin embargo, pese a la cautelosa redacción, en marzo de 2011, a raíz de un recurso interpuesto por la Junta de Extremadura, el Tribunal Constitucional frustraba nuevamente las aspiraciones castellanas y leonesas al declarar inconstitucional el artículo.