Estatuto: 40 años de autogobierno en Castilla y León

Han sido tres las modificaciones del texto original publicado en el BOE un 2 de marzo de 1983, que han permitido que la Comunidad gestione la educación, sanidad, servicios sociales, que cuente con instituciones propias como el Procurador del Común, Consejo Económico y Social, Consejo de Cuentas o Consejo Consultivo o que reúna una carta propia de derechos subjetivos de los castellanos y leoneses.

Sin embargo, Castilla y León no ha podido cumplir con la aspiración de tener las competencias sobre la Cuenca del Duero y las aguas de la Comunidad. En la reforma de 1999, PP y PSOE envían al Congreso un texto ambicioso para gestionar la cuenca, pero se matiza en Madrid. «No se pudo ir más allá», lamentó uno de los ponentes. En 2007, se volvió a plantear la competencia sobre las aguas con nacimiento en Castilla y León y que deriven a Portugal sin atravesar ninguna otra comunidad. Se recogió en un nuevo artículo, 75.1, de la reforma, pero en marzo de 2011 el Tribunal Constitucional le anuló.

Otros tres intentos de revisión también jalonan parte del recorrido de la norma institucional básica. En la segunda legislatura, la coalición de Gobierno de la entonces Alianza Popular y CDS registraron en mayo de 1988 una propuesta de reforma, asentada en el artículo 148.2 de la Constitución, para asumir nuevas competencias, como la educación, pasados cinco años desde su aprobación. Recibe 48 síes (AP, CDS y PDP) y 30 noes (PSOE). La Junta de Portavoces del Congreso nunca la incluyó en el orden del día y seis años después fue retirada.

El segundo intento es más reciente. En febrero de 2016, se creó un grupo de trabajo que analizó medidas de regeneración democrática, como limitar mandatos, eliminar los aforamientos políticos o reducir el número de procuradores, reflexión que pidió abrir el PP, sin que hubiera acuerdo. El trabajo se paró por las elecciones generales de junio de ese año, y ya no se volvió a retomar.

El pacto de gobernabilidad entre PP-Ciudadanos de julio de 2019 recogió la eliminación de los aforamientos. Los socios registraron una proposición de ley en septiembre, pero PSOE y Podemos se decantaron por una reforma más ambiciosa, como incluir un suelo social. Populares y socialistas se acusaron de «volar puentes». Era la crónica de una muerte anunciada. El pleno de las Cortes rechazó la reforma en marzo de 2020, al no contar con la mayoría de dos tercios, pese a estar todos de acuerdo en suprimir privilegios políticos. La revisión de la máxima norma quedó así bloqueada un año.

El nuevo Gobierno de PP-Vox no contempla en su acuerdo la reforma del Estatuto de Autonomía, pese al rechazo de los segundos al estado autonómico y las instituciones propias que emanan del mismo y que el partido ultraconservador considera que se duplican funciones con las existentes en el Estado.

La primera reforma arranca del pacto nacional entre el Gobierno, PSOE y PP. Era febrero de 1992 y se trataba de avanzar en el estado de las autonomías y equiparar a las diez comunidades de la llamada 'vía lenta', las que accedieron a través del artículo 143 de la Constitución. El acuerdo se limitó, como materia principal a la educación.

El Congreso aprobó la ley orgánica el 23 de diciembre de 1992. PP y PSOE promueven la reforma del Estatuto en Castilla y León. Así, 77 procuradores de ambos grupos presentan el 12 febrero de 1993 la iniciativa de reforma como proposición de ley de artículo único para la transposición de competencias de la ley orgánica.

El texto contó con la oposición de CDS e IU por entender que la reforma llegaba impuesta desde arriba, que se consagraba a Castilla y León como comunidad de segunda y que no se equiparaba a las del 151. Se tramitó por urgencia y se rechazaron las enmiendas de CDS e IU. El pleno aprobó la proposición de ley el 31 de marzo de 1993. El Congreso dio luz verde sin cambios el 24 de marzo de 1994.

En la segunda reforma, aprobada por el Congreso en enero de 1999, se revisó en profundidad todo su articulado, y se incluyeron figuras como la creación del Consejo Económico y Social, Procurador del Común -primera comunidad en contar con un defensor autonómico-, cuestión de confianza y disolución anticipada de las Cortes.

Pero la propuesta de la Comunidad de contar con la administración y control del dominio público hidráulico de la Cuenca del Duero fue suprimida, al considerar que es competencia exclusiva del Estado. Se introdujo, a modo de compensación, una disposición adicional que prevé la posibilidad de una futura cooperación con el Estado a través de convenios bilaterales.

La tercera y última reforma se aprobó en octubre de 2007 en el Congreso y en diciembre en el Senado. Sus ponentes de PP y PSOE la calificaron como la de los ciudadanos por la carta de derechos que introduce -vivienda, salud o renta de ciudadanía, entre otros-, la redacción de un Plan de Convergencia para corregir desequilibrios y las relaciones de Castilla y León con el resto de autonomías, el Gobierno y Europa.

Según sus redactores, la Comunidad dispone así de un Estatuto de «última generación», que culminó un trabajo iniciado en junio de 2004 cuando el entonces presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, planteó a los grupos la posibilidad de revisar la norma básica para ampliar el autogobierno con competencias como la gestión de la Cuenca del Duero -se incluyó pero el TC la dejó sin efecto-, entre un listado de 40 materias.

En este momento, bajo el gobierno de PP-Vox, las posiciones de los grupos están alejadas de los consensos básicos de comunidad, como se encargan de recordar, en particular socialistas y populares, y no se vislumbra ninguna propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía, que con cuarenta años entra en su madurez vital.