El escaño 82: puntilla a la Fundación Villalar

Luis Fuentes, presidente de las Cortes gracias al pacto PP-CS, ha encargado esta semana la misa de difuntos por este ente, que nació en 2003 con la finalidad de generar sentimiento de pertenencia la comunidad a través de la cultura y el patrimonio y la lengua castellana.

La empresa era ardua en una tierra en la que ha primado más la 'o' del castellano o leonés que la 'y' cuando te preguntan de dónde eres y antes sale el gentilicio del pueblo, la provincia o el país, dependiendo de quién pregunte, que el autonómico. El lugar en el que Fuentes ha anunciado el próximo sepelio de la Fundación, la ciudad de León, acompañaba y era propicio para arroparlo: «Nació con los fines de crear un sentimiento de pertenencia a la comunidad que no han sido cumplidos. No tiene sentido que siga funcionando», justificó el de Cs.

Más allá de compartir o no el diagnóstico y el efecto final, el anuncio ha pillado a contrapié a los miembros de un patronato extenso, integrado por los partidos con escaño en el hemiciclo autonómico, la Junta, el Ayuntamiento de la villa comunera, los agentes sociales, Cámaras de Comercio y universidades, entre otros. La disolución es algo que deben debatir los patronos. Algunos de estos explican que se había contactado recientemente con ellos para reorientar una fundación que organiza el programa en torno al 23 de Abril, Día de Castilla y León, y que ganó potencia cuando Silvia Clemente se puso al frente, en 2015.

La dirigente, hoy innombrable para el PP y también para Cs, convirtió las Cortes en un contenedor cultural y lo que eso suponía de escaparate político para ella generó recelos entre excompañeros de la Junta y del partido. Las becas de creación artística (una por provincia) o las 'Luis Sáez' de apoyo a gitanas universitarias, las ediciones de Dulce Tentación con la gastronomía de decenas de monasterios de la comunidad o la Liga de Debate Escolar son proyectos de esa última etapa. Sobre si eso hacía o no comunidad cada cual puede formar su opinión.

Lo que no es opinión y sí un hecho es que el punto 3 del Acuerdo de Gobierno de PP y Cs, de Mañueco e Igea, plantea el 'análisis y utilidad de entidades del sector público'. Eso se va a valorar en un grupo de trabajo aún por estrenar. También que la Fundación Villalar es, de los entes públicos de la primera línea autonómica, el de menor entidad presupuestaria y de plantilla: 993.485 euros que ponen las Cortes (el 98% del presupuesto) y dos personas.

De las empresas y fundaciones ligadas a la Junta, a tenor del último presupuesto aprobado, el de 2018, solo el Centro de Hemoterapia y Hemodonación podía sobrevivir sin subvención regional. Los gastos de personal que suman la fundación que gestiona las donaciones de sangre, la de Patrimonio Natural, la Siglo (que absorbió Sotur), la de Universidades, Santa Bárbara, Anclaje, el Centro de Supercomputación, el Serla, Acción Social y Tutela y la empresa Somacyl ascienden a 27,4 millones con unos 610 trabajadores, según refleja el presupuesto autonómico. También el Itacyl, adscrito a Agricultura y Ganadería. El grupo de análisis PP-Cs tiene corte por delante.

La cifra sería más abultada si el Gobierno de Juan Vicente Herrera no hubiera rescatado en la etapa de la crisis al conglomerado de empresas que formaba la antigua Agencia de Desarrollo (ADE hoy ICE), asumiendo su deuda y su personal como propio de la Consejería de Economía y Hacienda. A escote. El premio gordo de estabilidad laboral para quienes estaban en nómina de esas empresas públicas. Tanto los que entraron por méritos propios y sobrevivieron a los expedientes de regulación de años anteriores, como los que accedieron con recomendación plus.