Las entidades locales gestionarán 65,4 millones por su participación en los ingresos de la Comunidad

Asimismo, el importe conjunto del Plan de Cooperación Local asciende a 286,93 millones, de los que 208,9 millones corresponde a la cooperación local sectorial de cada una de las nueve consejerías de la Junta. A estos fondos se unen los 77,9 millones -programa general- que gestiona directamente el departamento del vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, según recoge el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2018, que ahora inicia su tramitación en las Cortes.

En ese sentido, la cooperación general, que se llevará a cabo a través de las transferencias corrientes y de capital a entidades locales, prevé además de los 65,4 millones que la Junta enviará a municipios y diputaciones por su participación en los ingresos impositivos de la Comunidad, otros 3,33 millones para 'cohesión territorial' que servirán para incentivar la constitución de las mancomunidades de interés general urbanas -ya en marcha- y rurales -pendientes de aprobarse los mapas-.

Precisamente, las unidades básicas de ordenación y servicios son la última pieza para culminar el modelo. El proyecto de los ‘mapas rurales’ se encuentra en tramitación en las Cortes, donde los grupos han presentado enmiendas, de forma que su aprobación desbloqueará el camino para ratificar las Áreas Funcionales Estratégicas y el Plan Plurianual de Convergencia Interior y el Fondo Autonómico de Compensación.

El presupuesto de cooperación también incluye 1,86 millones para el Consejo Comarcal del Bierzo, que junto con las diputaciones, dispondrá de 7,1 millones para el servicio de asistencia a municipios, el desarrollo de las políticas sociales y la realización de la Encuesta de Infraestructura y Equipamiento Local. Además, contempla otros 92.622 euros para gasto corriente de los ayuntamientos de Burgos y León.

Por otra parte, figuran 557.388 euros para contribuir a la financiación de los gastos de funcionamiento de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), incluido el mantenimiento y suministro de su sede en Valladolid, que aumentan los fondos de la cooperación local.

De esta forma, el Gobierno autonómico da un paso más para cumplir el compromiso de investidura del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, de alcanzar los 250 millones para la cooperación local general en esta legislatura. En el ecuador de la misma, el Ejecutivo rebasó los 149 millones, el 60 por ciento del total, a los que en 2018 se sumarán los 77,9 millones previstos, si esta partida no sufre variaciones durante la negociación de las cuentas en las Cortes.

Respecto a la cooperación sectorial, la Junta contempla en total 208,99 millones, que proceden en más del 50 por ciento de las transferencias corrientes. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades aporta 115,16 millones, a los que se suman los 57,17 de Empleo; los 18,67 millones de Fomento y Medio Ambiente; los 5,17 millones de Cultura y Turismo, y los 2,06 millones de Economía y Hacienda.

También Educación contribuirá a la financiación de la cooperación con 3,05 millones, una consejería a la que seguirá Agricultura y Ganadería, con 1,86 millones; Sanidad, con 1,45 millones, y Presidencia con 111.000 euros. Las provincias de Valladolid y León serán las que acaparen un mayor volumen, con más de diez millones, si bien 184 millones no están provincializados.

Por otra parte, las corporaciones locales recibirán 91,4 millones, un 4,22 por ciento más, para la ayuda a domicilio, las subvenciones de emergencia social, la acción social y el voluntariado, el fomento de actuaciones de inclusión, la promoción de la convivencia e integración familiar y social. A esta cantidad se suman la financiación de las prestaciones de la Ley de la Dependencia, que se elevará a 149 millones, un 13,4 por ciento más que en 2017.

El Acuerdo Marco, que regula estos fondos y tiene su origen en la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León, es el principal instrumento de colaboración entre la Administración autonómica y las corporaciones locales en materia de Servicios Sociales. Es la fórmula elegida para garantizar a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las nueve diputaciones financiación suficiente para prestar los servicios sociales dentro de sus competencias. Con ello, se aprovecha la proximidad de los profesionales de estas entidades locales a los usuarios y se evitan duplicidades.