Los dueños de pisos turísticos serán multados si sus inquilinos cometen actos incívicos

Entre los 18 epígrafes del articulado sobresalen varios artículos que definen la tipología de las posibles infracciones que pueden cometer los propietarios de los pisos turísticos -catalogadas como leves, graves o muy graves dependiendo de su naturaleza e idiosincracia- y la cuantía de las sanciones correspondientes a cada una de ellas.

Llama especialmente la atención el artículo 14 de la ordenanza, donde se tipifica como sanciones «graves y muy graves» que el propietario «no adopte las medidas y precauciones oportunas para evitar actos o comportamientos incívicos o molestos de los clientes del establecimiento en horario nocturno», según lo estipulado en la ordenanza municipal para la protección del medio ambiente contra la emisión ruidos y vibraciones.

En la ordenanza se cataloga también como falta grave «el ejercicio efectivo de la actividad y la apertura al público del establecimiento por parte de una persona distinta a la que figure en la licencia de apertura o declaración de conformidad del establecimiento como su titular, sin haber realizado correctamente la comunicación de su cambio de titularidad con la documentación necesaria exigible», así como «la oposición activa o por omisión y el mero entorpecimiento de las funciones de inspección por parte de la Policía Local y los servicios técnicos municipales». También puede adquirir el rango de falta grave «el incumplimiento por parte del titular de la obligación de mantener contratado y en vigor un seguro de responsabilidad civil por el importe establecido durante el desarrollo de la actividad del establecimiento».

Además, podrá convertirse en infracciones graves o muy graves «el incumplimiento por parte del titular del establecimiento de las obligaciones en materia de salubridad, seguridad y evacuación durante el desarrollo de la actividad del establecimiento».

Otros casos

Además de la incapacidad del propietario para adoptar medidas con el fin de evitar la comisión de actos íncívicos parte de las personas alojadas en la vivienda turística, se clasificarán como faltas muy graves «el ejercicio de una actividad no amparada por la correspondiente licencia de apertura con la documentación necesaria exigible», además de la presentación de documentos o certificaciones técnicas «relativas a establecimientos, actividades o instalaciones que no se corresponden con la realidad».

También adquirirá la consideración de falta muy grave, tal como se remarca en la nueva ordenanza municipal, la reincidencia en la comisión de cualquier infracción grave durante un plazo de dos años.

En materia de sanciones, la nueva ordenanza municipal no arroja ningún tipo de duda y se muestra taxativa, dado que las infracciones leves serán sancionadas con multas de hasta 750 euros, mientras que las infracciones graves serán castigadas con multas de hasta 1.5000 euros y la clausura del establecimiento o la actividad por un periodo no superior a tres meses.

En lo que se refiere a las infracciones muy graves, las multas podrán elevarse hasta los 3.000 euros, junto con la clausura de la vivienda turística por un espacio no superior a los seis meses.

Obligaciones

Entre las obligaciones que deberá afrontar todas aquellas personas que alojen a turistas en sus viviendas turísticas y que obtengan, para tal fin, la pertinente licencia otorgada por el Consistorio salmantino, sobre la contratación y el mantenimiento en vigor por parte del propietario de un seguro de responsabilidad civil mientras se desarrolle la actividad en el establecimiento. Dicha póliza de seguro de responsabilidad civil cubrirá los posibles daños materiales o personales que pudieran producirse como consecuencia de la actividad y de la explotación del establecimiento, con un límite mínimo de cobertura anual de 150.000 euros.

Además, en la ordenanza municipal se insiste también en que el titular del establecimiento adoptará «las previsiones necesarias» a fin de que su actividad no ocasione molestias a los vecinos y residentes.

Los datos que maneja el Registro de Viviendas de Uso Turístico de la Junta de Castilla y León, vigente desde agosto de 2017, pone de relieve que actualmente hay más de 300 viviendas de uso turístico en la provincia salmantina. En el conjunto de Castilla y León, y siempre atendiendo a los datos de este registro autonómico, según la actualización efectuada el pasado mes de mayo, hay más de un millar de viviendas de uso turístico, siendo Salamanca la provincia que presenta el mayor número, seguida de Zamora, Segovia y León.

Descontrol

El pasado mes de julio, justo antes de que se publicara la ordenanza en la web municipal, el Ayuntamiento explicó que la nueva regulación pretende paliar los efectos de una sobreoferta descontrolada de viviendas destinadas al uso turístico, con el fin de establecer unos mínimos requisitos para dar protección a los legítimos derechos de los usuarios y de los vecinos. A ello hay que añadir la necesidad de acabar con posibles situaciones de intrusismo y competencia desleal, así como poner freno a una posible actividad opaca que pudiera producirse, con perjuicio a la calidad de los servicios turísticos ofertados por la ciudad.

El concejal de Turismo, Fernando Castaño, ya apuntó entonces que el nuevo texto daba «seguridad jurídica a los pisos turísticos de la ciudad, pero es también un texto muy restrictivo que exige consentimiento de las comunidades de propietarios afectadas, además de introducir un régimen de sanciones estrictas para el empresario en caso de un mal uso del uso turístico por sus inquilinos, ya sea en ruidos o en todo tipo de daños».