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Para un sector del PP se trata de un documento «inasumible» pero la realidad es que Vox es la única fuerza que permite a los populares acceder a un gobierno autonómico estable.
Sin embargo para alcanzar ese objetivo el PP de Mañueco debe pasar por ... un «acuerdo de máximos» cuya digestión resulta muy compleja.
El acuerdo se circunscribe a 29 'pilares' sobre los que se debería cimentar la acción de gobierno durante un futuro pacto de gobierno.
A esos puntos de apoyo para el pacto se unen otros tres apartados de un decálogo «realmente comprometidos», según las mismas fuentes populares.
Vox insiste en que en los primeros tres meses el gobierno autonómico debe reducir «las subvenciones públicas a sindicatos, patronales y organizaciones políticas», una petición a la que une la supresión de «los fondos públicos dedicados a la publicidad institucional».
Igualmente se considera clave la «derogación del Decreto 9/2018, de 12 de abril, de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León».
Otro aspecto clave es la eliminación de partidas dedicadas a la inmigración cuyo efecto se multiplica con la estrecha colaboración del ejecutivo a la hora de expulsar a inmigrantes ilegales.
«Eliminaremos las partidas presupuestarias y normativas que promueven el efecto llamada y favorecen el tráfico de seres humanos. La Junta colaborará con la policía en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados», se cita textualmente.
Bajo este entorno se mueve un futuro pacto de gobierno que ataría al PP en la acción ejecutiva en una acción de nueve consejerías de las que tres serían para el partido de Abascal además de una 'activa' vicepresidencia con un peso específico incluso por encima del que en su momento tuvo Francisco Igea.
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