Divorcios y tutelas inundan los juzgados de familia, con demoras de hasta un año

Con una jueza de baja, otra que lo ha estado durante mucho tiempo y solo una que sigue en activo al cien por cien, los juzgados de familia de Valladolid han lanzado un 'SOS' al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, quejándose de la saturación por el volumen de asuntos y de que casi no tienen fechas en el calendario para señalar las vistas pero no consiguen reducir los tiempos de demora.

El pasado 26 de marzo, las magistradas titulares de los juzgados de familia de Valladolid solicitaron un refuerzo, para los próximos seis meses, de un juez de adscripción temporal (JAT) o en comisión de servicio y dos funcionarios en prolongación de jornada, dado el volumen de trabajo de los tres órganos, que no solo se ocupan de casos de familia, sino de incapacidades e internamientos de personas con discapacidad mentales. Relatan en su petición que realizan dos señalamientos a la semana, con una media de nueve cada día, lo que supone más de 18 asuntos con vistas a la semana. A ello se suma que tienen que resolver todos los recursos que se opongan a la ejecución de las sentencias, «que van aumentando considerablemente» y todos aquellos asuntos de la jurisdicción voluntaria que no precisan de comparecencia: enajenaciones de bienes inmuebles, aceptaciones de herencias de personas incapaces y menores.

Estos juzgados de familia ponen más de 450 sentencias de divorcio al año, indican las magistradas, puesto que «ya no hay tantas sentencias de mutuo acuerdo como hace años, pues muchos divorcios y separaciones pactadas finalizan por decreto cuando no hay hijos menores y otros son acordados por las notarías». A ello se suman los casi 700 autos anuales y «las diligencias que se hacen en el despacho, como la exploración de menores, oír a adoptantes y adoptados y examinar a las personas demandadas en procedimientos para determinar la capacidad».

Y es que, con la Ley de Jurisdicción Voluntaria de 2015, los juzgados de familia han asumido más competencias pero tienen prácticamente los mismos medios. Se ocupan, por ejemplo, de los internamientos involuntarios urgentes, de forma que tienen que acudir a los hospitales la semana que les toca (y en Valladolid hay tres).

La consecuencia, concluyen, es que «pese al esfuerzo realizado, tenemos una carga de trabajo excesiva y, a pesar de intentar reducir el tiempo de señalamiento, es imposible. Estamos señalando actualmente para el mes de septiembre y octubre, con claro perjuicio para el justiciable como para el normal funcionamiento del juzgado y la propia imagen de la Administración de Justicia».

En el tiempo en que se ha resuelto su petición, los señalamientos ya van por el mes de noviembre. Este pasado lunes 7 de mayo, el TSJ emitía un informe favorable y solicitaba el refuerzo al Consejo General del Poder Judicial que, según anunció ayer el juez decano de Valladolid, Ignacio Segoviano, se habría concedido. La carga de trabajo anual que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ve razonable para esta jurisdicción está en una horquilla de 908 a 1.088. Según los datos correspondientes al primer trimestre de este año, los juzgados de familia de Valladolid ya han registrado «entre 386 y 477 asuntos, según el juzgado», lo que significa que ya han ingresado la mitad de la carga de trabajo «razonable» de todo el año.

Si en Valladolid la demora reconocida está en seis meses, en Burgos, donde solo hay un juzgado de familia único, con 2.022 asuntos nuevos que ingresaron en 2017 y que arrancó 2018 con 936 asuntos en trámite, un divorcio puede tardar un año, tal y como señaló el magistrado titular, Roberto Pérez Gallego. Todos, también en León y Salamanca, donde hay juzgados específicos, pero también, en las provincias donde no existen y se ocupan de los divorcios los juzgados mixtos (de primera instancia e instrucción, como en Zamora, Ávila, Segovia, Soria y Palencia), reclaman que se creen nuevos órganos. Al menos, uno en cada capital.

Pero las causas del desbordamiento, señalan en los juzgados, son múltiples. A los escasos medios se suman el excesivo papeleo en la tramitación, los informes que se piden a los equipos psicosociales, que tampoco dan abasto, y al propio procedimiento que, según los especialistas, habría que revisar para acortar los tiempos.