Los desistimientos de las petroleras dan sepultura oficial a los permisos de 'fracking'

La oposición social al 'fracking' y el descenso del precio de los hidrocarburos desde 2014 –el barril de brent bajó de una media de 110 dólares a 30 dólares; ahora en fase de repunte– están detrás del desistimiento de las empresas. Restaron atractivo a la inversión para explorar primero y explotar después estos yacimientos.

16 permisos tramitados por el Gobierno central y 5 gestionados desde la Junta inflaron la burbuja del gas pizarra o 'shale gas' en el territorio castellano y leonés. Completan el mapa de la búsqueda de hidrocarburos dos autorizaciones estatales, otra autonómica y una más que requirió una tramitación conjunta de las dos administraciones que tenían por objeto el petróleo o el gas convencional. Solo un permiso, el de La Lora, era de explotación y su origen se remonta a la dictadura franquista. El Gobierno acaba de decidir no licitar una nueva concesión sobre estos pozos, de los que llegaron a extraerse 6.000 barriles diarios en la década de los 60 del siglo pasado, que pasaron a 120 en los últimos años.

La mayor parte del resto de los permisos se presentaron entre 2005 y 2011 impulsados por la carrera para reservar derechos mineros ante las expectativas generadas por el gas pizarra. Un hidrocarburo que se extrae mediante la técnica de fractura hidráulica, con pozos que perforan hasta capas situadas entre 2.000 y 4.500 metros de profundidad. La pugna entre las empresas que consideran seguro este sistema y los vecinos y colectivos sociales que creen que el riesgo no es asumible se ha decantado, en este momento, a favor de estos últimos.

El sistema de perforación implica taladrar el subsuelo entubando el pozo hasta llegar a los estratos de roca madre e inyectar agua a presión con una mezcla de arena y aditivos para fracturar esas capas a lo largo extensas galerías horizontales (de unos tres kilómetros) y liberar el gas. Esa mezcla de agua inyectada retorna a la superficie, donde debe ser almacenadas en balsas y depurada. Los opositores al 'fracking' consideraban que la experiencia norteamericana constata el riesgo de contaminación de los acuíferos subterráneos, los problemas de tratamiento del agua empleada y la posibilidad de escapes de gas y de generar actividad sísmica en una zona, el norte de Burgos, donde se levanta la central nuclear de Santa María de Garoña.

Frente a esa opinión, la de la Asociación Shale Gas España. «Si las cosas se hacen bien, los proyectos son comparables a otros que nos rodean a diario», apuntaba David Alameda, directivo de esta agrupación de empresas petroleras, en 2015, en Burgos. Es la última nota de prensa que figura en su página web.

La empresa que más cerca estuvo de emplear la fractura hidráulica para buscar gas en la comunidad ha sido BNK Petroleum (en origen Trofagas). Contaba con dos permisos de investigación, Urraca y Sedano, y llegó a fijar los puntos concretos de perforación para exploración en Las Merindades burgalesas, con un presupuesto de inversión de entre 10 y 20 millones de euros por pozo. Era 2015. En un último intento por desactivar la oposición social y vecinal organizó viajes a Polonia, donde estaba perforando cerca de Gdansk, a orillas del Mar Báltico, para mostrar sobre el terreno cómo trabajaban y montó puntos de información en la comarca lindera al País Vasco que tiene como cabeceras Medina de Pomar y Villarcayo. Finalmente comunicaron que desistían del proyecto.

Fue el último cartucho que quemaron. Antes habían solicitado dejar sin efecto siete solicitudes para reservar derechos mineros sobre hidrocarburos que se extendían por el sur de Burgos, Palencia, Valladolid, Segovia y parte de Soria. Corría el 2013 y los estudios iniciales ya indicaban que la concentración de gas en esas áreas presentaba menor atractivo que la zona cantábrica o del territorio soriano fronterizo con La Rioja. Parecido camino al de BNK recorrió la compañía Montero Energy hasta llegar a renunciar a dos proyectos de investigación, Galileo y Edison, que afectaban a municipios de Burgos y Soria. Tiró la toalla en 2017.

Desde la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta, que gestiona la política energética autonómica, explican que de los 25 permisos que avanzaron tramitación estatal o regional, seis están paralizados, tres extinguidos y siete archivados. En el resto figura la vitola de vigente, aunque el plazo de la autorización ha caducado en algunos, y todos ellos están en situación de inactividad. En la parte que compete a la Junta, solamente están pendientes de resolución dos permisos, uno en la zona leonesa de Boñar y Cistierna y el denominado Basconcillos H, en Burgos.

Uno de los últimos pasos recogidos en el Bocyl es el desistimiento, efectivo el 27 de septiembre, de la Sociedad Exploraciones de Recursos Naturales Geológicos (ERNG) sobre la solicitud del permiso Burgos 5, que aspiraba a contar con los derechos mineros de 101.136 hectáreas de terreno. Más de 60 municipios, incluido el término de la capital. El expediente avanzó, con 170 alegaciones, hasta el punto de que el Servicio de Minas requirió a la empresa acreditación de que era solvente económicamente para financiar la actividad y un plan de restauración y de gestión de residuos.

Fue en junio de 2017. Apenas 20 días después, esta compañía notificó que desistía y pidió la devolución de la garantía de 91.176 euros que depositó y de las tasas que abonó por la tramitación, que ascendieron a 113.000 euros. El Gobierno autonómico modificó su normativa de precios públicos para hacer hueco al 'fracking' en 2008 y en 2014. La farragosa tramitación burocrática del proyecto Burgos 5 culminó el 27 de septiembre, a falta del reintegro de las garantía y las tasas a la empresa, devolviendo la situación al punto de partida. Como si nada hubiera ocurrido tras más de cinco años moviendo papeles administrativos.

A la contestación social y la fluctuación de precios, se ha sumado esta semana la novedad del borrador presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez del futuro Proyecto de Ley de Cambio Climático recoge la prohibición del 'fracking'.