La desigualdad de oportunidades en la educación de Castilla y León ronda el 15%

El estudio 'Meritocracia y Educación: movilidad social y desigualdad de oportunidades', recogido por la Agencia Ical, subraya que el sistema educativo es un instrumento igualador «fundamental» para mitigar la desproporcionada importancia de los privilegios de cuna y promover una distribución de oportunidades basada en el mérito. «Cuando el aprendizaje y las oportunidades educativas se reparten en función de la renta familiar u otras circunstancias, los sistemas educativos contemporáneos pueden limitar la movilidad social de los que provienen de entornos más desfavorecidos», precisa.

En este sentido, Cotec sitúa, de nuevo, a Castilla y León entre los mejores niveles de movilidad educativa absoluta, con el 41,5 por ciento, solo por detrás de Galicia (41,9 por ciento), tras analizar los resultados de matemáticas en el informe PISA 2018. Ambas están muy por encima de la media nacional, que está en el 31,6 por ciento.

Es decir, más de cuatro de cada diez de los niños desfavorecidos de la Comunidad (de familias con escasos recursos económicos) alcanzan, al menos, un nivel básico de competencia en matemáticas, lo que supone diez puntos más que en el conjunto de España. Un porcentaje que sube hasta el 60 por ciento en los que pertenecen a familias más aventajadas en Castilla y León. Por lo tanto, formar parte de una familia acomodada multiplica por 1,4 las opciones de éxito en matemáticas del alumno cuando en el país lo hace por 2,3.

Con los microdatos de PISA, los investigadores concluyen que Canarias y Madrid están a la cola de la movilidad educativa, ya que solo el 26 por ciento de sus estudiantes desfavorecidos adquiere los conocimientos necesarios en matemáticas. Son 15 puntos menos que los resultados del indicador de Castilla y León.

El estudio también hace referencia a las cifras de movilidad educativa relativa, que indica la mayor probabilidad de que los estudiantes aventajados alcancen el nivel mínimo de competencia frente a los alumnos de un entorno desfavorecido.

Aquí, hay menos diferencias entre regiones por que oscilan entre el 41 por ciento de Galicia, el 43 por ciento de Castilla-La Mancha y Valencia y el 47 por ciento de Castilla y León y el 58 por ciento de Madrid y Murcia y el 56 por ciento de Navarra. Por lo tanto, los niños «más ricos» de la Comunidad tienen un 47 por ciento más de probabilidades de obtener el nivel educativo en cuestión que los estudiantes «más pobres».

Tras reconocer que es «incontestable» que el sistema educativo ha sido un instrumento igualador «fundamental» para mitigar la «desproporcionada» importancia de los privilegios de cuna y promover una distribución de oportunidades basada en el mérito, los autores alertan que esta «creciente» relevancia de la educación en las sociedades contemporáneas implica que también puede «perpetuar» las desigualdades económicas en lugar de combatirlas.

Entre las circunstancias que influyen en los resultados académicos de los chicos, están el número de libros existentes («capital cultural», según el informe) en el hogar, el origen de los estudiantes y el nivel socioeconómico familiar.

A la vista de la disparidad existente entre territorios, el estudio reitera que las políticas públicas pueden «mitigar» las desigualdades educativas. «Es indiscutible que los sistemas capitalistas meritocráticos contemporáneos han generado un progreso evidente para eliminar algunas ventajas arbitrarias presentes en las sociedades feudales y mercantilistas. Sin embargo, estos avances han supuesto más un cambio de paradigma de la desigualdad de oportunidades que una eliminación de la misma», señalaron los autores. A su juicio, empezar por combatir las desigualdades educativas es quizás una solución «incompleta» pero también, probablemente, el mejor punto de partida por su capacidad para generar consensos «relativamente amplios».

El informe de Cotec sugiere algunas medidas de actuación para mejorar la equidad de los sistemas educativos como integrar enfoques multisectoriales como sociales, económicos, de empleo y de bienestar; la reducción de la segregación escolar; implementar medidas de apoyo y refuerzo educativo; reducir la carga burocrática del profesorado, para que centren su trabajo en los procesos educativos; cooperación entre docentes para favorecer el intercambio de buenas prácticas; incentivar la innovación pedagógica y una financiación equitativa de los centros educativos.