El desempleo entre los jóvenes con discapacidad de Castilla y León se dispara un 17,7% en el último año

Así, si en 2020 se contabilizaron en toda España 10.023 demandantes de empleo con discapacidad menores de 25 años, actualmente la cifra asciende hasta 11.637. El crecimiento entre los desempleados entre 25 y 44 años ha sido del 11,1 por ciento mientras que en el caso de los mayores de 45 años ha aumentado un 12 por ciento.

El análisis, recogido por Ical, basa sus conclusiones en una encuesta a 350 menores de 30 años con discapacidad, apoyada en los datos del Servicio Público de Empleo Estatal y el Instituto Nacional de Estadística. De acuerdo con el estudio, la crisis de la COVID-19 ha reforzado las grandes dificultades que ya afrontaban los jóvenes en el mundo prepandemia, entre otras: una desmesurada tasa de paro, un acceso a la vivienda en muchos casos irrealizable y, en general, inmensos obstáculos para construir un proyecto de vida independiente.

En el caso de los jóvenes con discapacidad estas dificultades se acentúan más, si cabe. En efecto, a las inestables expectativas de futuro hay que sumar los prejuicios y estereotipos que ya los acompañaban antes de la crisis y que, en muchos casos, suponían grandes contrariedades para su transición a la vida adulta. Además, el desfase formativo sigue siendo acusado y la proporción de personas con discapacidad con estudios superiores es considerablemente inferior: solo un 15,1 por ciento a nivel nacional cuenta con formación universitaria, frente al 33,2 por ciento general, según Odismet.

Según Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, «la concatenación de periodos de crisis económicas redobla las dificultades de acceso al empleo para todos los jóvenes. Los que en la recesión de 2008 acababan de alcanzar la mayoría de edad, en la actualidad se estrenan en la treintena y, en muchos casos, con un horizonte profesional aún incierto. Si además tienen una discapacidad, las dificultades se multiplican. Es fundamental apelar a la acción coordinada entre empresas y Administración Pública para equiparar la formación de los jóvenes con discapacidad con la del resto de la población, poniendo el foco en las competencias digitales y en otras habilidades estratégicas para conectar con los nichos de empleo emergentes».

Hay que tener en cuenta que muchos trabajadores jóvenes con discapacidad, concentrados mayoritariamente en el sector terciario, perdieron su empleo en el contexto de pandemia. Asimismo, habitualmente encuentran su primer trabajo en áreas que se han visto muy castigadas por las medidas de distanciamiento social, como la hostelería o el turismo. En todo caso, la crisis de la covid-19 ha diferido su incursión en el mundo laboral, disparando su desempleo.

Por comunidades autónomas, La Rioja (42,5 por ciento), Navarra (28,9 por ciento), Cataluña (27,2 por ciento) y Aragón (27,1 por ciento) son las que han experimentado mayores incrementos en su número de desempleados jóvenes con discapacidad. En el otro lado, Castilla-La Mancha es la única región que ha visto disminuir esta cifra (-3,6 por ciento), mientras que en Galicia y Cantabria se registran los menores incrementos, del 3,1 y 5,9 por ciento, respectivamente.

Otro indicador llamativo es el desempleo de larga duración, que ha experimentado un crecimiento desorbitado en el caso de los menores de 25 años con discapacidad. Así, en 2020 se contabilizaron 5095 desempleados jóvenes que superaban el año de búsqueda activa de empleo, un 83,2 por ciento más que en el ejercicio anterior y duplicando con creces el incremento general, del 35,1 por ciento.

Tal repunte conduce a la conclusión de que los jóvenes con discapacidad se están encontrando con un terreno desfavorable y hostil, que deriva en la cronificación de su desempleo. Por un lado, las áreas en las que habitualmente se estrenaban en el mercado laboral (como la hostelería), continúan dañadas por la crisis y, por otra parte, encuentran grandes dificultades cuando no acreditan experiencia profesional, reforzando los prejuicios que ya afrontaban.

Según Mesonero:«la edad continúa siendo un factor discriminatorio que penaliza tanto a los jóvenes como a los mayores de 45 años, con el riesgo de reducir la fuerza laboral disponible al tramo de edad entre 30 y 40 años. La discapacidad continúa siendo un agravante que aleja aún más a los candidatos de oportunidades reales de trabajo, un hecho que no es solo injusto socialmente, sino que supone toda una incongruencia, a tenor del envejecimiento que nos circunda y que exige la máxima participación ciudadana en el mundo laboral».