UGT denuncia irregularidades laborales en la gestión del ICE

Según detallan en un comunciado recogido por Ical, las presuntas irregularidades están relacionadas con «la falta de transparencia en la gestión de recursos humanos, el trato discriminatorio que reciben los empleados del ICE y una falta de respeto a los derechos de los representantes de los trabajadores».

Respecto a la falta de transparencia en la gestión de recursos humanos, hacen referencia a que la última convocatoria pública a las plazas del ADE/ICE se produjo en el año 2000, lo que ha provocado que «solo un tercio de los 225 empleados que trabajan actualmente hayan superado un proceso selectivo con las garantías de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que la legislación exige a cualquier ciudadano que aspire a ocupar un puesto en la Administración, situación que constituye una fuente de inestabilidad laboral que debe corregirse».

En cuanto al «trato discriminatorio que reciben los empleados del ICE respecto al resto de empleados públicos de la Comunidad», el secretario general de la sección sindical de UGT en el ICE, Argimiro Noriega, destaca que «no se les aplica el mismo régimen jurídico que el dispensado a quienes gestionan subvenciones públicas, no se les incluye en la Ley de Función Pública ni en la de Carrera Profesional y se les niega el acceso a la formación continua a la que sí acceden los demás empleados públicos de la Administración».

Y en cuanto a la falta de respeto hacia los derechos de los representantes de los trabajadores, Noriega denuncia que «no se les entrega información y documentación en asuntos en los que los representantes de los trabajadores deberían ser informados por la Administración; no existen reuniones de los órganos colegiados en los plazos legalmente previstos; y se imponen reuniones a los representantes de los trabajadores fuera del horario habitual de trabajo».

«Esta ausencia de respeto hacia la representación de trabajadores llega al extremo de consentir amenazas y campañas de descredito contra los representantes, sin realizar actuación alguna, hasta que la Inspección General de Servicio o el Comisionado de Transparencia, le ha conminado a cumplir con sus deberes legales», concluyen.