Una denuncia destapa una trama que extorsionaba a personas que pedían servicios de prostitución en internet

Una denuncia en la Guardia Civil de la localidad vallisoletana de Tudela de Duero a finales del año 2021 dio inicio a esta investigación por parte del Equipo @ de la Guardia Civil de Valladolid. Allí, una persona denunció que había solicitado a través de internet servicios sexuales con una prostituta y pocos días después comenzó a recibir amenazas telefónicas y a través de mensajería móvil exigiéndole dinero a cambio de no enviarle un sicario a su domicilio.

Los agentes descubrieron una trama compuesta por un gran número de autores y que habrían conseguido extorsionar al menos a 65 personas. Estas víctimas, a través de distintas páginas web, iniciaban contactos con mujeres con el fin de obtener un servicio sexual. Poco tiempo después de los encuentros, los perjudicados comenzaban a recibir amenazas telefónicas y por aplicación de mensajería exigiéndoles grandes cantidades de dinero, tanto en efectivo como por transferencia bancaria, si no querían que les enviasen a un sicario.

Para dotar de credibilidad a sus pretensiones, los autores investigaban a fondo la vida privada de las víctimas. A través de las redes sociales localizaban a su círculo cercano y encontraban información sobre su vida personal y situación laboral con el objetivo de extorsionar la mayor cantidad de dinero posible.

Los detenidos e investigados se aseguraban de poner fotos de perfil con un «semblante amenazante» con personas encapuchadas y portando armas. También remitían a las víctimas fotografías con contenido escabroso, cuerpos mutilados, decapitaciones y amputaciones, así como vídeos de personas encapuchadas empuñando armas de fuego. Las llamadas provenían de números de teléfono con origen tanto de España como de República Dominicana, con personas con acento latinoamericano en tonos «amenazantes».

Para que este grupo criminal se hiciese con el efectivo de los perjudicados, facilitaban a las víctimas cuentas bancarias de «mulas» económicas. Una vez que recibían el dinero de las víctimas, realizaban retiradas de dinero en efectivo en cajeros para entregárselo en mano a alguno de los líderes de la organización, recibiendo una compensación económica a cambio.

El grupo criminal se dividía en tres estructuras localizadas en Madrid, Santander y Barcelona. Los componentes de cada grupo se organizaban en distintas labores: tres eran los cabecillas que tomaban el rol de captadores de mulas y líder de cada estructura local, 19 eran mulas económicas y 18 eran colaboradores al ser titulares de las líneas telefónicas o cuentas bancarias utilizadas para cometer las extorsiones.

Hasta el momento, los investigadores han ubicado 65 víctimas en numerosos municipios distribuidos por todo el territorio nacional. Durante la operación, la Guardia Civil descubrió que los autores habían intentado obtener más de 110.000 euros, llegando a conseguir alrededor de 30.000 euros. En total, han sido detenidas 22 personas e investigadas otras 18 puestas a disposición judicial.