El déficit de profesionales abre una crisis en la sanidad del mundo rural leonés

Quedaron desiertas 445 plazas que seguirán cubiertas por interinos si la Consejería de Sanidad no adopta decisiones valientes que la desmarquen del resto, a la espera de que un debate nacional sobre el déficit de profesionales que huele a rancio.

O se toman medidas urgentes, fuera y dentro del Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de Salud, o la falta de profesionales seguirá siendo el pan de cada día, porque los parches no solucionan errores de planificación presentes y del pasado. De hecho, en 2008, Sacyl diseñó un plan estratégico para afrontar el déficit de profesionales con el horizonte puesto en 2018, cuyos resultados se miden hoy.

Los sindicatos quieren reconocimientos profesionales, pero también incentivos económicos que no entran en las previsiones de la Junta. Hasta la fecha la propuesta no ha cuajado en ninguna mesa sectorial y la casa sigue sin barrer en León, Palencia, Burgos, Zamora, Ávila, Soria… No hay sustitutos y los médicos de área -figura que se creó para cubrir bajas, permisos y solucionar el incremento de actividad por exenciones de guaridas por edad- también están en pie de guerra.

La situación llevó a la Consejería de Sanidad a crear un grupo de trabajo autonómico para buscar una propuesta de «mejora compartida», un consenso en torno a la estrategia que se debe poner en marcha durante los próximos 10 o 15 años -tres legislaturas- para mejorar la Atención Primaria, en especial su situación en el medio rural. Integrado por el Consejo Regional de Salud, cuenta con representantes de los sindicatos, colegios oficiales, de los grupos parlamentarios y representantes de consumidores y usuarios, y escuchará la voz de diversas sociedades científicas y de las plataformas en defensa de la sanidad pública de Castilla y León.

No fue un año bueno en materia de personal, pese a la convocatoria del concurso de traslados, muy esperado por los profesionales, y las oposiciones en Medicina de Familia y Comunitaria correspondientes a la oferta de 2013, que arrojaron algo de luz que se vio difuminada cuando los 287 médicos que aprobaron se llevaron la sorpresa de que casi todas las plazas que se pusieron sobre la mesa fueron de médico de área. Este hecho llevó en mayo al sindicato Simecal a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el concurso-oposición. A estas plazas se sumaron otras 300 plazas de la OPE de 2017, a las que se añadirán otras 500 para reducir a la mínima expresión la interinidad en la Medicina de Familia en Castilla y León.

Otro colectivo que también planteó movilizaciones fue el de médicos funcionarios interinos que llegaron a la huelga para pedir consolidar sus puestos de trabajo por medio de un concurso de méritos antes del proceso de estatutarización de sus plazas, algo que no contó con el apoyo ni de la Consejería, ni de los grupos parlamentarios.

A las protestas profesionales, se sumaron las de los ciudadanos. 2018 arrancó con una manifestación sin precedentes en Valladolid, en la que miles de personas - 6.500 según la Policía Nacional y cerca de 50.000, según los organizadores- salieron a la calle convocadas por 16 plataformas en defensa de la sanidad pública de toda Castilla y León. Además de pedir el fin de los recortes, denunciaron lo que consideran un deterioro progresivo del sistema sanitario, y reclamaron la dimisión del consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, quien lo consideró una llamada de atención para «seguir trabajando» y «explicar más y mejor» su labor, pero no para apartarse del cargo.

«Lo haría dispuesto si fuera la quimera o varita mágica para resolver los problemas, pero hay que trabajar», zanjó el consejero que a lo largo del año tuvo que escuchar este mensaje en varias plazas y de varios emisores. Las mareas blancas no cesaron en provincias como León, Zamora, Palencia y Salamanca. De hecho, a finales de mayo, las plataformas volvieron a reivindicar en una treintena de localidades de Castilla y León el fin de los recortes, mejoras en el servicio de salud y nuevos centros.

El 10 de mayo, el consejero de Sanidad mantuvo un debate con un representante de las Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública de Castilla y León, Pablo Oyágüez, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca, que se limitó a que cada uno defendió sus posturas. Fue un paso valiente, ya que Sáez se enfrentó a un foro público abierto a la ciudadanía, algo inusitado en la Comunidad.

Pese a las protestas, los castellanos y leoneses volvieron a valorar bien su sistema sanitario, al que otorgaron una nota de 7,07 puntos, un notable, 0,16 puntos más sobre el año anterior, cuando la calificación fue del 6,91. La nota se situó por encima de la media del país, que fue de 6,68, según recogió el Barómetro Sanitario de 2017, realizado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

En materia de infraestructuras, Sacyl adjudicó el contrato de redacción del proyecto de ejecución y dirección facultativa de las obras del nuevo edificio de consultas externas del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, por importe de 544.500 euros. También se adjudicó la segunda fase del Hospital Santa Bárbara por 22,47 millones de euros, cuya finalización está prevista para 2022. Se intervendrá, entre ampliaciones y reforma, en una superficie construida de más de 34.000 metros cuadrados, de los que 28.603 serán útiles.

Por otro lado, se contrató redacción del proyecto básico y de ejecución del centro de salud de Segovia IV – Segovia Rural Este – Segovia Rural Oeste. La inversión total prevista para este centro es de 6,3 millones euros. Y se adjudicó la redacción del proyecto del centro de salud de Sahagún, y la contratación de las obras de construcción del nuevo centro de salud de Salas de los Infantes (Burgos), que fija un plazo de ejecución de 18 meses y un presupuesto de 2,26 millones de euros.

Además, el Complejo Asistencial de León, el Hospital Río Hortega de Valladolid, el Hospital Universitario de Salamanca y el de Burgos incorporaron el sistema de cirugía robótica 'Da Vinci', tras una inversión total de 7,3 millones de euros. Este tipo de tecnologías robóticas permite llegar más lejos dentro de la cirugía laparoscópica, pues permite movimientos intuitivos, elimina el temblor de la mano humana, ofrece mayor libertad de movimiento al girar más de 360 grados y aporta una visión en tres dimensiones.

Dentro de las estrategias de la Consejería, se acordó la del 'No hacer' para que los médicos abandonen hasta 175 prácticas habituales que no aportan utilidad ni beneficio al paciente, consumen recursos económicos, tiempo e incluso podrían causar daños. Se centra tanto en la realización de pruebas como en el consumo de medicamentos, en especial, los antibióticos.

2018 supuso un paso atrás en la modernización de la sanidad pública para implicar y dotar a los profesionales de mayor capacidad de gestión y decisión. El Tribunal Superior de Justicia tumbó la orden por la que se crearon las 15 primeras quince unidades de gestión clínica, aprobadas en septiembre de 2016, al estimar que el modelo no se negoció en mesa sectorial y que la memoria económica de la orden no recogía un «mínimo análisis de los costes» que implicaría su implantación. Pese a que Sanidad defendió que el modelo era válido, lo dejó en el cajón tras los fallos judiciales por cuestiones técnicas y la presión de los sindicatos.

La alarma sanitaria saltó cuando la Consejería de Sanidad confirmó el fallecimiento, el 8 de agosto, de un hombre de 74 años en el Complejo Asistencial de Ávila a causa del virus de 'Crimea-Congo', después de que se contagiara por la picadura de una garrapata en una actividad cinegética en la localidad pacense de Helechosa de los Montes, en la que participó a finales de julio.

La Consejería también confirmó que una mujer de 59 años sufrió en junio la mordedura de un murciélago que portaba el virus de la rabia. La paciente recibió la atención prevista para estos casos, es decir, el lavado de la herida, la inyección de inmunoglobina antirrábica y la pauta vacunal. Asimismo, fuentes de la Consejería explicaron que se registran casos de este tipo cada cierto tiempo, por lo que pese a ser anómalos, no son extraordinarios.

2018 también fue un año 'revuelto' en el seno del Ministerio, que asistió al cambio de cartera, tras la llegada del PSOE al Gobierno, y que en tres meses asistió a la dimisión de la ministra valenciana Carmen Montón, por los plagios de su trabajo fin de máster (TFM). Cedió el timón a María Luisa Carcedo, que hasta la fecha alta comisionada para la lucha contra la pobreza infantil. A raíz de estos nombramientos, volvieron al panorama nacional debates persistentes, como el de la financiación autonómica y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

El Consejo de Ministros aprobó en sus primeras reuniones el Real Decreto Ley sobre 'Acceso Universal al Sistema Nacional de Salud (SNS)', que garantiza que todas las personas sean atendidas en igualdad de condiciones en España.

En este año se cerró la Comisión de investigación sobre los repetidos sobrecostes, el estado actual de su infraestructura, las modificaciones de las adjudicaciones y el presupuesto final del Hospital Universitario de Burgos, que se constituyó el 6 de noviembre de 2015 y que escuchó el testimonio de unas 60 personas, entre ellas, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el portavoz socialista, Luis Tudanca.

La oposición parlamentaria en las Cortes apostó por recuperar para la gestión pública, aunque «no a cualquier precio», del centro, promovido por un modelo concesional, que incluía la construcción y la gestión de 14 servicios no asistenciales. Ésta fue una de las 46 conclusiones pactadas por los grupos de la oposición, tras finalizar los trabajos de la comisión de investigación.