El Defensor del Pueblo inicia una actuación de oficio para aclarar la responsabilidad por el colapso de la AP-6

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, inició hoy una actuación de oficio para aclarar el origen de la responsabilidad por el colapso de la AP-6 y de la A-6 tras el temporal de nieve en plena operación retorno. Así, se dirigió a los ministerios del Interior y de Fomento para solicitar información sobre esta situación que el pasado 6 de enero dejó a miles de vehículos y a sus ocupantes atrapados en estas carreteras, según informó en un comunicado esta institución.

A la nevada, anunciada previamente por la Agencia Estatal de Meteorología, se sumó el incremento notable del tráfico en esas vías que conectan el noroeste de España con Madrid, al coincidir con la operación retorno de navidades. De las informaciones facilitadas por las personas afectadas y por diversos medios de comunicación “parece deducirse la existencia de disfuncionalidades, e incluso imprevisiones, en el momento de abordar los problemas descritos”.

Por este motivo, Fernández Marugán pidió información sobre cómo se planificó la operación retorno, en concreto, las medidas de coordinación de los servicios adoptadas por ambos ministerios para su preparación y supervisión. Además, la institución quiere conocer la información facilitada por la Dirección General de Tráfico sobre las limitaciones en el uso de las vías A6 y AP-6 y la incidencia en las condiciones del tráfico, previas y durante el 6 de enero, motivadas por las inclemencias meteorológicas previstas.

El Defensor del Pueblo recordó que en el caso de la AP-6, aunque se trata de una vía gestionada por una entidad privada, ésta “actúa por medio de la oportuna concesión administrativa, en la que deberán constar sus compromisos contractualmente suscritos, para mantener un correcto y adecuado funcionamiento de la vía”.

Por último, lamentó que en los últimos meses se está detectando “con excesiva frecuencia” un “deficiente funcionamiento” de los servicios públicos prestados, bien directamente por la administración o por medio de entidades privadas concesionarias (servicios de seguridad en aeropuertos, obtención del permiso de conducir, expedición del DNI y pasaporte, etc.) “que deberían hacer reflexionar a las autoridades sobre tal situación para corregirla”.